Las leyes las hace el Parlamento para organizar la vida social, ciudadana. Como individuo, cada persona puede hacer lo que le parezca, mientras no se salga de los límites establecidos por la ley. Por eso, el PSOE se equivoca cuando amenaza a la Iglesia con replantear los términos el Concordato con la Santa Sede, porque el PP pretenda modificar la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Una mujer sostiene entre sus dedos un rosario durante una misa en la iglesia Virgen María de Bagdad

La Iglesia, como cualquier otra institución o asociación privada, puede opinar de lo que quiera y como quiera, mientras no supere los límites legales de la libertad de expresión. Tampoco me parece razonable exigirle entrar en la ley de transparencia, ya que no se trata de una institución dependiente del Estado. Por tanto, tiene derecho a gastar los ingresos económicos o donaciones que reciba conforme a sus propios criterios estatutarios o ideológicos.

Lo que, en mi opinión, tienen que hacer los parlamentarios es determinar si es políticamente razonable mantener el Concordato o financiar con fondos públicos (de todos) una Institución que no pueden controlar ni en su ideología, ni en su forma de gastar sus propios fondos, ni en sus ‘excursiones’.

Los partidos deben luchar por introducir en las leyes los aspectos que consideren más justos. Lo que no excluye que difundan socialmente sus opiniones, sus razones, para que todos (incluidos los fieles religiosos) tengan más elementos de pensamiento, a la hora de apoyar unas opciones políticas u otras.

El PSOE ha dispuesto de de infinitas ocasiones, a lo largo de muchos años, para revisar la constitucionalidad del Concordato, y para replantear las razones y los límites de financiación de la Iglesia Católica en España. Por las razones que sean, poco o nada hizo al respecto. Por otra parte, y quizás por primera vez, el PP quiere cumplir sus promesas electorales. Ahora deben dialogar y convenir los términos de la norma, sin contar con la Iglesia, ya que ésta, como siempre, sigue  rechazando cualquier regulación del aborto, excepto su total prohibición. Y, como es lógico, desea que la legislación recoja sus valores, que son la razón de su existencia.

Por eso, continúa intentando identificar su moral con la Ética, aunque no haya entendido todavía el concepto de igualdad entre todos los seres humanos (la mujer no vale para sacerdote, ni para cargos eclesiásticos), y siga valorando más ‘su’ virtud que la vida misma (martirio, pena de muerte, etc.). A pesar de todo, es de agradecer a la historia (y a la Iglesia misma) que, por fin, el ‘pecado’ haya dejado de ser, en nuestras latitudes, uno de los problemas básicos para los niños y, sobre todo, para los adolescentes. Cuando el muchacho descubría en su ambiente social, hace años, que aquello lo tenía que confesar siempre que lo repitiera, y lo repetía, y volvía confesar… Ya no queda noción de esa ‘pesadilla’, de esa opresora obsesión, palabra que inconscientemente, como por acto fallido, pronunciaba ‘obsexión’ un ya experimentado reverendo de pueblo.

Por consiguiente, los políticos, en su papel de tales, no tienen que atacar a una institución que sólo ejerce el derecho a expresar sus opiniones, cuyo fundamento es la voluntad divina, no las leyes ni los votos de los ciudadanos. Por otra parte, Dios, con su proverbial y tradicional prudencia, nunca se ha manifestado ni a favor ni en contra, no ya de las leyes civiles, sino ni siquiera de las del Vaticano, ni de las opiniones de sus teólogos, tanto ortodoxos como heterodoxos, aceptando, quizás, aquella insegura actitud basada en el conocido galleguismo teológico: “Deus é bo, mais o Demo tampouco debe ser moi malo. Quén sabe!” (Dios es bueno, pero el Diablo  tampoco debe de ser muy malo. Quién sabe).

                                                                      Por Juan Verde Asorey