Cada vez es más frecuente que personas o colectivos enfrentados a conflictos en nuestros Tribunales asuman públicamente su creencia en que la solución a sus problemas sólo llegará a través de la Justicia europea, sin confiar en que su paso por la española pueda dejar ningún fruto.

Si sólo se tratara de una sensación de quienes buscan desesperadamente una Justicia que creen no encontrar, lar reflexión no merecería el poco espacio que ocupa esta entrada al blog, pero no es así.

En los últimos meses tengo la sensación de haber dejado de alarmarme al escuchar voces cualificadas –entre ellas algunas que vienen de profesionales del mundo jurídico y que incluyen a jueces, abogados y especialistas universitarios, todos ellos en conferencias o círculos más o menos íntimos–, que confiesan la misma opinión ante determinados problemas legales que alcanzan a cuestiones de importancia raramente menor.

Y es que oír que tal disputa importante, con graves intereses en juego,  “sólo la solucionará definitivamente la Justicia europea” se está convirtiendo en un recurso tan habitual como preocupante.

Preocupante por dos motivos:

• El primero de ellos, por el tiempo y el coste personal y económico que exige conseguir una solución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU). Pasan muchos años de procedimientos, pagando por el camino tasas, honorarios de abogados, derechos de procuradores, informes periciales, etc… antes de tener en las manos una respuesta de la Justicia europea. Y nadie negará que ninguna solución puede ser realmente justa si tarda tanto en llegar y cuesta tanto alcanzarla. En muchos casos, la sentencia final acaba siendo un alivio menor que sólo obtienen quienes buscan un respaldo judicial justo al mismo tiempo que obvian los recursos y penalidades incurridos para obtenerlo.
• El segundo lugar, por lo que supone de pérdida de confianza en nuestras instituciones judiciales. Tras la reflexión en favor de la justicia europea, como única salvadora de causas complejas, suele esconderse la opinión de que nuestros juzgados y tribunales carecen de los medios o los instrumentos necesarios para resolver adecuadamente el conflicto, cuando no de la independencia suficiente, presunciones todas ellas terriblemente graves.

Sin lugar a dudas, disponer de una instancia final que interprete unificadamente el derecho comunitario, que es precisamente la función del TJUE, introduce una garantía en nuestro sistema judicial, pero no puede constituirse en la única arma que los ciudadanos crean tener frente a situaciones en que se enfrentan a determinados intereses cuya dimensión y poder claramente les supera.

La única conclusión positiva que deja este clima de desconfianza en la Justicia española, como cauce para resolver algunos conflictos especialmente delicados, es la necesidad de redoblar el esfuerzo de apoyo a ella.

Sirve principalmente para recordarnos que nuestras instituciones judiciales y los profesionales que trabajan en ellas necesitan más medios, más reconocimiento de todo orden, más independencia del poder político y mejores procedimientos y técnicas, así como que se ultimen de una vez por todas soluciones de resolución de conflictos verdaderamente potentes y eficaces –además de menos costosas–, tanto dentro como fuera del proceso.

Sin reformas sustanciales y sólidamente maduradas estos objetivos serán difíciles de conseguir, lo que contribuye a alimentar este clima, pero son la única vía para frenar la sangría de confianza de los ciudadanos en la Justicia española que también según las últimas encuestas estamos viviendo.