“Este tribunal reconoce la improcedencia de la actuación administrativa, teniendo en cuenta que cercena con efectos retroactivos las retribuciones del personal funcionario.” Este es un extracto de la primera sentencia, no recurrible, mediante la que el pasado mes de junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia condenaba a la Administración, a devolver a una funcionaria la parte devengada de la paga extra, entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor del Decreto de recortes del Gobierno.

Y no ha sido la única sentencia, ni la única resolución no judicial de distintas administraciones en las que se ha reconocido el derecho de los empleados públicos a cobrar esos días trabajados y no pagados. Ante este aluvión legal no se pueden entender las palabras, seguramente precipitadas, del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, por las que advierte que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno de Extremadura abona a sus empleados públicos la paga extra de Navidad de 2012 (sic). 

Nadie ha hablado de devolver la paga extra completa sino de abonar los días devengados de esa paga. Me pregunto si Beteta ha leído o le han leído bien las palabras del presidente Monago, o simplemente pretende confundir una vez más a la opinión pública para intentar desacreditar, por enésima vez, a los empleados públicos en vez de reconocer  un derecho que nunca se les debería haber quitado. 

El secretario de Estado sabe de más que los tribunales ya están dando la razón a los funcionarios en su petición de devolución de la parte devengada de la extra de Navidad del pasado año por lo que su “advertencia” de que recurrirá toda decisión de abonarla no tiene sentido alguno. Está claro que en esta ocasión la Justicia  va muy por delante de las decisiones ministeriales por lo que intentar la argucia legal de llevar el asunto al Constitucional es aplazar lo inevitable. 

Recordarle al secretario de Estado que son muchos los organismos públicos de todo el país que, con respaldo legal, ya han pagado estos días devengados y no dijo nada. ¿Porque entonces no y ahora sí? 

En Extremadura ya han abonado esas cantidades los ayuntamientos de Villafranca de los Barros, Don Benito, La Albuera, Castuera, Guareña, Villanueva de la Serena, Olivenza, Quintana de la serena, Herrera del Duque, San Vicente de Alcántara y la Diputación Provincial de Badajoz.

Además de la sentencia de Palencia, se han producido otras en Albacete, Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha,  Junta de Andalucía y algunos ámbitos de la Junta de Extremadura.

En cualquier caso, todos los pronunciamientos judiciales constatan las justas reivindicaciones de los empleados públicos contra una medida de carácter confiscatorio y, por tanto, injusta y de dudosa aplicación, tal y como señaló también la Defensora del Pueblo.