En estos datos, se contabilizan los trabajadores  públicos que prestan servicio en nuestra comunidad en la Administración General del Estado, Administración de Justicia, Entes Públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Por provincias, la mayor reducción de la plantilla ha sido en la provincia de Cáceres, que ha perdido 890 funcionarios. En concreto, en 2018 contaba con 4.471 efectivos por 3.581 de este año 2019. Mientras que en la provincia de Badajoz la merma ha sido de 119 efectivos, se ha pasado de una plantilla de 9.249 efectivos a una de 9.130.

A esta merma de plantilla hay que sumar otro problema importante que es el de las jubilaciones. Los trabajadores del Estado que se pueden jubilar en la región, de aquí a diez años, ascienda al 42% del total de la plantilla. Como dato, a nivel estatal la cifra se sitúa en el 50,63% y corresponde a la franja de edad entre los 50 y 59 años.

Estos datos reflejan la urgencia de reponer las vacantes que se están produciendo, principalmente por jubilaciones, para evitar el deterioro de los servicios públicos en Extremadura. El Gobierno, a pesar de estar en funciones, sabe que la pérdida de efectivos afecta directamente a la atención al ciudadano ya que supone un empeoramiento por falta de medios en la Administración de Justicia, en el Servicio Públicos de Empleo Estatal, en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, en Prisiones o Tráfico, entre otros.

Ante esta situación se hace urgente la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para acelerar las ofertas de empleo, empezar a diseñar la del año que viene y garantizar la subida salarial de 2% en enero por la vía del Real Decreto-ley.

En este sentido, es necesario que la parálisis de la Administración se afronte con el concurso del Gobierno en funciones y las comunidades autónomas, a través de la Mesa General de las Administraciones Públicas para cuestiones como el refuerzo de las plantillas en los servicios que reciben los ciudadanos (Sanidad, Educación, Seguridad, Servicios Sociales y Administración del Estado)

Precisamente  el pasado 11 de diciembre, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT firmaron con Función Pública un acuerdo para desarrollar el proceso de estabilización de los empleos temporales correspondientes a 2018 y 2019, un total de 6.598 plazas que todavía se encontraban congeladas  ante la inercia política y que por fin se pondrán en marcha. Eso sí, hace falta acelerar el proceso de oposiciones porque la situación es complicada ante la avalancha de jubilaciones.

La jubilación anticipada de los policías locales a los 59 año está más cerca de conseguirse, lo que  les equipararía con las ventajas de las que ya disfrutan en España otros colectivos de riesgo, como la Policía Nacional o los bomberos. El  Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -el máximo órgano de esta institución-  ha dado el visto bueno a esta medida, que afectará a unos 1.500 policías en Extremadura.

Una decisión que ha adoptado la FEMP tras recabar informes positivos de las Comisiones de Seguridad y Función Pública encargadas de este asunto, y que abarcará a los cerca de 70.000 policías locales que hay en España. De estos, 3.200 tienen más de 60 años, y 4.000 tienen entre 55 y 60. Se trata por tanto, de una plantilla envejecida que se hace preciso renovar con nuevos efectivos.

En este sentido,  estos informes se suman a los de la Seguridad Social, que también avalan la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación al colectivo de policías locales. Por tanto, ya es cuestión de  la voluntad del Gobierno aprobar definitivamente el decreto que permita el adelanto a la jubilación mediante la elaboración de un Real Decreto que permitiera  regularizar esta situación.

Otro de los puntos en los que la FEMP incide es en que el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición de efectivos (es decir, que se cubran todas las jubilaciones), y que establezca medidas compensatorias o bonificaciones por aquellos que, habiendo generado el derecho de poder jubilarse al alcanzar la edad correspondiente, no ejerciten su derecho.

Cabe recordar, según informaron en su día las Centrales Sindicales, que el Ministerio de Empleo cuenta ya con los informes técnicos realizados por la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Inspección de Trabajo, que indican que este colectivo cuenta con los requisitos legales exigidos para aprobar esta jubilación anticipada.

Así, la FEMP considera que el Gobierno debe aprobar  con la mayor diligencia y celeridad posible el Real Decreto que contemple esta jubilación anticipada. Esta petición es significativa, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste de la cotización.

La ‘hucha’ de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)  ha sufrido una merma muy importante los últimos seis años, situándose a finales de 2015 en 5,41 millones de euros frente a los 1.143 millones de 2009. Es decir, desde 2009, el remanente de Muface se ha reducido en más de 1.000 millones de euros, momento en el que empezó a decrecer este fondo de reserva.

Así se refleja en la memoria anual de la mutualidad en la que se recoge que el remanente actual de tesorería de la entidad de 5,41 millones de euros es el resultado de la suma de los fondos líquidos (88,3 millones) y los derechos pendientes de cobro (0,56 millones) menos las obligaciones pendientes de pago de la entidad (83,2 millones y los saldos de dudoso cobro (0,25 millones).

Este balance supone una caída muy importante frente a los 29,7 millones de euros con los que contaba Muface en su fondo de reserva en 2014. De hecho, el fondo de reserva de la entidad se ha desplomado de forma continuada desde 2009, cuando ascendía a 1.143 millones de euros.

Estas cifras son preocupantes y ponen en el punto de mira el futuro de la mutualidad a la que se debe garantizar su viabilidad. De hecho, las otras dos mutualidades de funcionarios, Mugeju (Mutualidad General Judicial-Personal al servicio de la Administración de Justicia) e Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), muestran un balance mejor en lo que los números se refiere y no está su futuro, de momento, en entredicho.

Mientras, el número de mutualistas de Muface también está experimentado una fuerte caída situándose en 1.498.098, tanto titulares como beneficiarios, y baja de los 1,5 millones por primera vez desde 1988, según los datos correspondientes a la Memoria de 2015 entidad.

Estos datos son fruto de la evolución a la baja que se viene produciendo desde 2002 (cuando se registró la cifra máxima de titulares y beneficiarios, con un total de 1.615.901) y se debe fundamentalmente al progresivo envejecimiento de las personas adscritas y la congelación de las ofertas públicas de empleo.

Además, desde ese año también se ha producido un cambio en la distribución entre el colectivo de titulares (funcionarios) y los beneficiarios de la póliza (pareja e hijos). Así, mientras hace dos décadas el número de beneficiarios superaba a los titulares (872.944 frente a 740.638), en la actualidad la situación es a la inversa (956.401 titulares, frente a 541.697 beneficiarios).

Esto se debe a que, también como consecuencia del envejecimiento de la población, el número de mutualistas jubilados asciende a 236.372, casi una tercera parte de los titulares, y ya no suelen tener tiene hijos a su cargo.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que contempla una  nueva mejora de las pensiones para las madres, con dos o más hijos, que se jubilen a partir de enero de 2016 pero que dejaba fuera a las madres funcionarias ya las incluye gracias a una nueva disposición adicional. 

Concretamente será la  decimoctava que se incorpora al texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y que fue aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados mediante una enmienda transaccional.

Así, se reconocerá un complemento de pensión a las mujeres que hayan tenido  hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias de pensiones de jubilación o retiro de carácter forzoso o por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad o viudedad que se causen a partir del 1 de enero de 2016 en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública, consistirá en incrementar la cuantía de la pensión resultante de la mujer en un porcentaje que varía en función del número de hijos:

1) Por haber tenido dos hijos será de un 5%

2) Por haber tenido tres hijos, un 10%

3) Por haber tenido cuatro o más, un 15%

La medida se aplicará a partir del 1 de enero de 2016 y su vigencia será “indefinida”.

En este sentido, indicar que la pensión que corresponda reconocer o la pensión teórica sobre la que se calcula el complemento por maternidad en ningún caso podrá superar el límite máximo de las pensiones públicas establecido en el artículo 27.3 del texto refundido.

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la superación del límite máximo, el complemento se calculará en los términos indicados en este apartado, estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo vigente en cada momento.

Este complemento por maternidad se reconocerá por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa en el ámbito de sus respectivas competencias. No obstante, la competencia para el abono corresponderá en todo caso a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se han establecido algunos límites a este suplemento por maternidad ya que en ningún caso formará parte de la pensión de jubilación o retiro a efectos de la determinación de la base reguladora en el reconocimiento de pensiones en favor de los familiares del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este texto refundido.

Un importante grupo de funcionarios, policías y militares enfermos de cáncer  o con otras patologías graves que vieron interrumpido su tratamiento desde comienzos de año, como consecuencia de los recortes del Gobierno en las mutuas sanitarias, recuperan ahorasu continuidad asistencial.

Muface ha anunciado formalmente que se restablece a los mutualistas  una decena de centros sanitarios pertenecientes a los grupos Quirón, HM y Ruber Internacional, que eran referencia para los pacientes de cáncer y otras graves patologías, muchos de ellos con lugar de residencia en nuestra comunidad.

De esta forma, funcionarios, policías y militares (esta decisión también afecta a la mutua de las Fuerzas Armadas ISFAS), alrededor de 44.000 personas en Extremadura, recuperan toda la oferta hospitalaria de referencia en Madrid y de otras prestaciones sanitarias anuladas en el resto de España, que fueron recortadas como consecuencia de los recortes en su financiación.

Esta decisión, afecta a todo el colectivo, pero especialmente a un grupo de pacientes con enfermedades graves (oncológicos y cardiacos) que de la noche a la mañana se enteraron in situ, en su propio centro sanitario, que ya no tenían derecho a recibir la asistencia sanitaria. En cualquier caso es una buena noticia para los mutualistas extremeños (17.000 en Cáceres y 27.000 en Badajoz) y sus familias que ven cómo se les han restaurado sus derechos.

En este sentido, señalar que en Extremadura se han reducido también horarios de atención médica en las clínicas privadas concertadas así como el número de profesionales disponibles. Y lo que es peor, la atención de urgencias médicas en ciudades pequeñas y medias como Mérida quedan suprimidas entre las 22,00 horas y las 8,30 de la mañana.

En definitiva, desde  principio de este año, los recortes en las mutuas de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju) han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros.

No hay que olvidar que si los funcionarios deciden trasladarse a la Seguridad Social, el sistema tendría que asumir de golpe al menos a 1,5 millones de personas y se generaría una situación que insostenible.

Muface penalizará a aquellas aseguradoras que incumplan el concierto sanitario pactado para los funcionarios. Así lo ha asegurado el director general de la Mutualidad, Gustavo Blanco, que añade que también serán apercibidas las que no garanticen el acceso a los medios asistenciales y a las que vulneren el principio de continuidad asistencial para los pacientes en tratamiento con patologías graves.

Con esta decisión, los responsables de Muface, tras las quejas de los funcionarios, pretenden evitar  que los recortes que ha sufrido la mutua obliguen a los trabajadores públicos con enfermedades severas a cambiar de médico y hospital en 6 meses (un año en el caso de los pacientes con cáncer o enfermedades psiquiátricas).

Esta respuesta de la mutua se ha producido en el marco de la reunión del Consejo General de esta entidad, celebrado hace unos días,  en el que los responsables de Muface negaron que exista una situación de desprotección total, pero admite la evidencia de las quejas individuales, y aseguró que serán atendidas para subsanar la situación.

En este sentido, destacar que ha sido la contención del gasto que ha realizado el Ministerio de Hacienda a esta mutualidad la que ha propiciado que las aseguradoras privadas con las que tiene concierto recorten sus cuadros médicos y servicios sanitarios. Así, en Madrid y Barcelona  salen del cuadro asistencial los hospitales del grupo HM (Montepríncipe, Valle de Suchil, Torrelodones, Sanchinarro y Puerta del Sur) y en los del grupo Quirón (Pozuelo, San Camilo, San José y la Clínica Quirón en Barcelona).

En Extremadura, se han reducido también horarios de atención médica en las clínicas privadas concertadas así como el número de profesionales disponibles. Y lo que es peor, la atención de urgencias médicas en ciudades pequeñas y medias como Mérida quedan suprimidas entre las 22,00 horas y las 8,30 de la mañana.

Desde principio de este año, los recortes en las mutuas de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju) han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos.

No hay que olvidar que si los funcionarios deciden trasladarse a la Seguridad Social, el sistema tendría que asumir de golpe al menos a 1,5 millones de personas (de las tres mutualidades: Muface, Mugeju e Isfas) y se generaría una situación que insostenible.

Los recortes que están sufriendo las Mutualidades de los Funcionarios, especialmente Muface, va a obligar a los funcionarios con patologías graves a cambiar de médico y hospital en 6 meses (un año en el caso de los pacientes con cáncer o enfermedades psiquiátricas).

La contención del gasto que ha realizado el Ministerio de Hacienda a esta mutualidad ha propiciado que las aseguradoras privadas con las que tiene concierto recorten sus cuadros médicos y servicios sanitarios. Así, en Madrid y Barcelona  salen del cuadro asistencial los hospitales del grupo HM (Montepríncipie, Valle de Suchil, Torrelodones, Sanchinarro y Puerta del Sur) y en los del grupo Quirón (Pozuelo, San Camilo, San José y la Clínica Quirón en Barcelona.

Esta situación ha motivado que el propio Ministerio de Hacienda haya redactado una instrucción interna para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes con enfermedades más graves; pero lo cierto, según se desprende de esta instrucción, es que los afectados tendrán que cambiar de hospital en un plazo de 6 meses (un año en el caso de los pacientes con cáncer o enfermedades psiquiátricas).

Además, la instrucción no tiene en cuenta que estos enfermos, a pesar de tener garantizado el tratamiento por el periodo indicado, pueden tener muchos inconvenientes con la prestación de pruebas complementarias necesarias que no estarán cubiertas en los centros hospitalarios donde reciban dichos tratamientos en el periodo indicado.

Finalizado este periodo, en teoría, la aseguradora deberá ofrecer una alternativa asistencial válida, pero no se concreta nada, lo que hace sospechar, teniendo en cuenta que las aseguradoras han decidido recortar hospitales por criterios económicos.

No hay que olvidar que si los funcionarios deciden trasladarse a la Seguridad Social, el sistema tendría que asumir de golpe al menos a 1,5 millones de personas (de las tres mutualidades: Muface, Mugeju e Isfas) y se generaría una situación que insostenible.

Los dato son claros, la aportación del Estado a Muface cayó desde los 1.143 millones de 2009 hasta los 898.000 euros de 2013. Desde 2009 la aportación anual y la utilización del remanente, un cálculo que muestra que el gasto total del Estado en Muface era de 1.285 millones de euros en el comienzo de la crisis y que en 2014 será de 1.201 millones de euros, lo que supone un descenso de 124 millones de euros.

Un total de 134.714 empleos públicos ha perdido la Administración española los últimos dos años,  según los datos del registro de personal del Gobierno central. Una cifra que no se puede despreciar ya que corresponde a los trabajadores que sostienen el sistema de servicios públicos –Estado del Bienestar- en todo el territorio nacional.

Actualmente no hay ningún ámbito laboral que se libre de una destrucción de empleo tan alta. Así, en sanidad se han perdido 28.496 puestos de trabajo, en Educación no universitaria (-22.358), Educación Universitaria (-5.208),  Justicia (-32) o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (-2.979).

Además, la Administración General del Estado mantiene igualmente el descenso en el personal, con 14.116 personas menos en los dos últimos años. Además, se da la circunstancia de que más de la mitad tienen edades superiores a los cincuenta años, por lo que a medio-largo plazo, esta reducción de personal se agravará.

Mientras, Extremadura ha experimentado la destrucción de 6.328 empleos públicos entre 2009 y 2014, con lo que en la actualidad existen 87.713 trabajadores públicos, de los que 46.000 dependen de la Junta, 24.500 de la Administración local, 13.800 del Gobierno central y 2.400 de la Universidad.

Hay que destacar que el poco empleo público que se ha creado ha sido temporal o interino. El ejemplo lo tenemos en el sistema educativo en el que el pasado mes de junio, a nivel estatal, 39.000 personas se dieron de baja de la Seguridad Social coincidiendo con el inicio de las vacaciones, una situación coyuntural pero injusta que refleja la precariedad en el empleo en un sector básico para el futuro de nuestro país.

Estas cifras demuestran la grave situación que atraviesa el sector, en una doble vertiente, tanto en términos de ocupación, que continúa en caída libre, como en lo referido a la calidad de los servicios.

A ello hay que sumar,  una importante pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos y su repercusión en el consumo y la demanda interna.

Ante esta situación el Ejecutivo debe plantearse volver a restituir los derechos suprimidos a lo largo de la crisis, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y generar un trabajo público neto, estable y con derechos ya que es la única forma de garantizar el Estado del Bienestar.

Un total de 8.462 altas a la Seguridad Social en los sectores de Administración, Defensa, Seguridad Social Obligatoria y 31.897 más en Educación demuestran que las Administraciones públicas han cerrado 2013 con la creación de puestos de trabajo.

Sin embargo, estas cifras, facilitadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  maquillan que ese nuevo empleo creado es temporal y de baja calidad. Lo que se está haciendo desde la Administración es una chapuza para cubrir las necesidades reales de empleados públicos realizando contratos de corta duración. No se puede olvidar que el Ejecutivo central mantiene la tasa de reposición cero, y no se producen ofertas de empleo público.

En este sentido, destacar que todas las nuevas altas de las de las Administraciones Públicas corresponden a personal laboral temporal, mientras que en el ámbito de la educación se deben a bajas por enfermedad y a contratos por horas.

Lo preocupante y la excepción a este crecimiento del empleo temporal es el sector de la Sanidad (8 de cada diez personas trabajan en el sector público) con el consecuente deterioro de los niveles de calidad asistencial que reciben nuestros ciudadanos.

A pesar de estos datos hay que recordar que la destrucción de puestos de trabajo públicos es tan alta que  como no se detenga se va directamente hacia el colapso de la Administración. Hasta el propio ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido que desde el  primer trimestre de  2011-prácticamente desde que gobierna el PP- se han perdido más de 300.000 empleos públicos.

Casi 14.000 funcionarios decidieron anticipar su jubilación el pasado año en España ante la incertidumbre sobre su futuro y la desmotivación a la que les ha llevado las políticas de recortes de los dos últimos gobiernos.

Concretamente, han sido los empleados públicos en Régimen Especial de Clases Pasivas los que se han acogido de forma mayoritaria a la jubilación voluntaria, pasando de 4.253 jubilaciones voluntarias en 2010 a 13.972 en el año 2012. En sólo dos años se ha triplicado.

El Régimen de Clases Pasivas (Muface, Isfas y Mugeju), en el que se encuadran alrededor de un millón de trabajadores públicos de  la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Instituciones Penitenciarias o Educación, permite jubilarse voluntariamente al alcanzar los 60 años de edad, siempre y cuando se hayan completado 30 años de servicio.

Aunque eso sí, con penalizaciones económicas,  ya que  al no haber alcanzado los 35 años de trabajo su pensión se verá reducida en un porcentaje de hasta el 20 por ciento, a lo que hay que sumar un sistema de cotización, distinto al del sistema general, que penaliza a los trabajadores con sueldos más bajos por lo que las pensiones medias son más reducidas.

Sin embargo, si la carrera laboral  llega a 35 años, el funcionario se jubila con el 100% de su haber regulador.

En cualquier caso, los sucesivos recortes salariales que están afrontando los empleados públicos, además  de la propuesta de reforma de pensiones que el Gobierno central envió  a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en la que  planteaba prohibir  el derecho a la jubilación anticipada de los funcionarios,  son las razones por las que se ha producido este fenómeno.

Esta situación amenaza ya con paralizar algunos sectores de la administración porque actualmente uno de cada dos empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se encuentra a punto de jubilarse. Casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42 tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años.

Actualmente la mitad del personal se encuentra muy cerca de retirarse o solicitar la jubilación anticipada, en función de su dependencia a la Seguridad Social o Muface. Aunque eso sí, los únicos empleados públicos que, de momento, pueden jubilarse anticipadamente de  manera voluntaria son los que están enmarcados en el Régimen de Clases Pasivas.