Una de las consecuencias de la crisis económica ha sido el envejecimiento progresivo de las plantillas de la Administración Central fundamentalmente por la falta de convocatoria de empleo público. En 2010, año en el que se iniciaron los recortes en las administraciones, el 44 por ciento de los empleados públicos que trabajaban para el Estado tenía más de 50 años, pero en este 2015 el porcentaje ha subido hasta el 60 por ciento,  con un incremento de 16 puntos en 5 años.

Además, en menos de 15 años se jubilarán casi 120.000 trabajadores de la administración General del Estado, una quinta parte. Actualmente son los ministerios de Empleo y Seguridad Social, de Defensa y Fomento los que tienen las plantillas más envejecidas.

Estos datos demuestran que las convocatorias de empleo público deben asumir una tasa de reposición del 100 por ciento en el caso de las plazas de los funcionarios jubilados, y no del 50 por ciento como está previsto hasta ahora.

En este sentido, destacar que en contra de la tendencia general que mostraba la última Encuesta de Población Activa (EPA), la rama de actividad de la Administración Pública continúa registrando cifras negativas tanto en el paro como en la ocupación. Y es que con respecto al mismo periodo del año pasado, hay casi 20.000 ocupados menos y 29.300 parados más.

Por el tipo de administración, según la EPA,  el descenso  en la ocupación registrado en la Administración Central es de 13.700 ocupados menos respecto al año anterior y en los Ayuntamientos 11.100 ocupados menos.

La evolución del empleo público ha sido negativa, desde el tercer periodo de 2011 (cuando comenzó la sangría en el empleo público) se han perdido un total de 305.900 puestos de trabajo, lo que hace fácil entender el deterioro  de los servicios públicos que hemos sufrido durante esta crisis económica.

Una crisis que ha provocado un grave perjuicio en la calidad del empleo en todas las administraciones. Según la EPA, la tasa de temporalidad en la administración se ha disparado hasta alcanzar el 22 por ciento, con 658.000 trabajadores temporales, mientras que hace dos años y medio esta cifra se situaba en 559.000.

Esta  situación, unida a la no reposición de plazas del personal que se jubila, parece responder a un plan diseñado para la reducción de empleo por parte de nuestros representantes políticos pero que repercute en la calidad que del servicio público que se le presta al ciudadano.