Somos pobres hasta para pedir. Han bastado unas insinuaciones del portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, sugiriendo que se revise el sistema de subvenciones del antiguo PER (actual AEPSA) en Andalucía y Extremadura para que se produzcan dos fenómenos simultáneos: el rechazo unánime de los partidos políticos y sindicatos a esas declaraciones y un aluvión de comentarios en la prensa regional en los que la mayoría denuncia, con argumentos bastante fundados, los abusos y fraudes que pululan en torno a tal sistema de ayudas.

¿Y quiénes tienen razón? Pues yo creo que las tres partes: Durán i Lleida, los representantes políticos andaluces y extremeños y, por supuesto, los numerosos lectores-comentaristas de la noticia. Pero me parece que ninguna de las partes tiene toda la razón. Hay matices.

Se queja el portavoz de CiU de que España es un país excesivamente subvencionado y probablemente sea cierto. Su error, sin embargo, es identificar esos ‘excesos’ con las dos regiones donde el antiguo PER se creó para compensar la precariedad de una sociedad con muchos trabajadores del campo que de otra forma difícilmente hubieran podido subsistir. Pero es que subvenciones masivas y más abultadas se destinaron mientras tanto a sectores como el naval, el de la minería o el industrial. ¿Ignora Duran lo que tardó en llegar la primera autovía a Extremadura? ¿Sabe que esta comunidad, por ejemplo, sigue sin un solo kilómetro de red ferroviaria electrificada?

Los representantes políticos y sindicales han insistido en lo injusto y peligroso que es abrir discursos «frentistas» cuando a comunidades como Cataluña se le podían reclamar recortes en las ayudas a la industria automovilística, en el precio de los medicamentos que ellos fabrican o en su propia televisión autonómica. ¿O es que esas subvenciones son de primera categoría y las otras de tercera regional? Les falta razón sin embargo a nuestros políticos y sindicalistas cuando se niegan a reconocer lo obvio o cuando intentan hacernos comulgar con ruedas de molino ignorando que tras el PER campea la percepción popular de un fraude propio de la picaresca más rancia. Lo deprimente es que por los excesos de cuatro pecadores (familias con varios miembros agarrados a esa ubre, situaciones de fraude y de economía sumergida…) pagan los justos para quienes las ayudas realmente son vitales, imprescindibles y de justicia. ¿Por qué no se incrementan los controles y se apuesta por la transparencia y la responsabilidad sin clientelismos?

Y por último, los ciudadanos corrientes y molientes, entre los que me incluyo. Me parece que les asiste la razón al no eludir el asunto que plantea Duran i Lleida y al denunciar –aunque sea de forma anónima y en las ediciones digitales de los periódicos– las prácticas fraudulentas que han crecido paralelas al PER. ¿Pero no es también una trampa dialéctica aceptar ese punto de partida, el tópico de vagos y subvencionados que late implícitamente en su propuesta? ¿No es dejarnos distraer por un problema que tan solo equivale al chocolate del loro en la economía nacional? Es como si nos estuvieran dando el gran ‘cambiazo’ y encima tuviéramos que pedir disculpas.