El pasado viernes este periódico informaba del contenido de la denuncia que el presidente de la Junta presentó ante una juez de Badajoz contra la policía por sospechar que agentes de este cuerpo de seguridad pasan información sobre las salidas y llegadas a su domicilio a las dos mujeres que reclaman una vivienda social ante la urbanización en la que vive. Esta información, sobre la que creo necesario mencionar que iba firmada por el periodista Evaristo Fernández de Vega porque su firma es garantía de rigor –basta recordar sus informaciones sobre el ‘caso Astorga’ o sobre la paliza que sufrió un interno del Marcelo Nessi, que tanto irritó al gobierno de Vara–, incluía párrafos literales de lo que José Antonio Monago declaró en el juzgado. Uno decía: “Estas personas [las dos mujeres] pasean siempre que regreso al domicilio, con un claro ejercicio de coacciones e intimidación (…) algunas veces con carteles, cuando observan que he regresado, a la espera de que salga, como es habitual, a pasear al perro”. Y otro: “La acción de pasear por la puerta, cuando no lo hacen a lo largo de la jornada habitualmente, tras observar la llegada de un vehículo policial al domicilio (que presupone mi llegada), considero que es una actuación claramente de coacción e intimidatoria”.

Si tienen tiempo, vuelvan a leer despacio las dos citas. ¿Son mis ojos o lo que leo es que el responsable de la Junta considera coacción e intimidación que dos personas paseen ante su domicilio “algunas veces con carteles”? Si fuera así y esa actitud provocara habitualmente denuncias judiciales de los políticos contra los que protestan, que es lo que ha hecho nuestro presidente –y no en un arrebato, ya que ha puesto tres en Badajoz, Montijo y Olivenza–, ¿se imaginan qué clase de convivencia habría en España? A Monago se le ha criticado estos días porque al denunciar a la policía no ha mostrado la templanza que se le presupone a persona de su cargo; incluso se le acusa de deslealtad institucional. A mí me preocupa más que el representante de esta región acuda a una juez y le pida que persiga la presencia, por muy contumaz que sea, de dos personas que protestan, según dice él mismo simplemente paseando ante su urbanización. Y ello porque esa conducta –la de Monago— dinamita la Constitución y nos sitúa en una época en la que los deseos de un gobernante podían convertirse en la sentencia de un juzgado.

¿Que le molesta?  Es comprensible. Incluso que su familia esté harta de esas dos mujeres. Pero si el presidente no acepta que por encima de su molestia está el derecho a protestar pacíficamente; si cree que deben prevalecer las ganas que tiene de no ver a esas dos mujeres a la puerta de su urbanización frente a las ganas de esas mujeres de que les vea cuando entre o salga, –ojo: si mira hacia ellas; nadie le obliga–, aquí hay un problema: o él no entiende qué es un Estado de Derecho o quien no lo entiende soy yo. Si soy yo, el problema acaba en mí; pero si es el presidente quien no lo entiende, su problema es nuestro problema.