Si tienen duda de que la libertad de información está delicada de salud, reparen en lo ocurrido durante este mes de julio en nuestro país: el día 1 entró en vigor la ‘ley mordaza’, que permite a la policía ponerse por montera derechos fundamentales. Podrá multar sin que nadie le tosa a manifestantes pacíficos y podrá impedir a los periodistas ejercer su trabajo. Por ejemplo, ahora podrá ser objeto de castigo fotografiar a un agente golpeando a un manifestante. Está prohibido registrar y difundir ese hecho, porque según la ‘ley mordaza’ no cabe en nuestro sistema informativo. Aprobada sólo por el PP y sobre la que cabe esperar que le quede de vida lo que le quede a este gobierno o lo que tarde en pronunciarse el Constitucional, esta norma ha sido rechazada dentro y fuera de España. Hasta la ONU se ha manifestado radicalmente en contra y el New York Times le dedicó un editorial llamándola siniestra. Es tan dañina, y deteriora tanto la ‘marca España’, que ha dado lugar a que alguien tan estrambótico como Nicolás Maduro –ese adalid de la libertad de información que cierra emisoras de TV; que obliga a las que siguen operando a conectar con sus discursos cuando le pete y que impide a los periódicos comprar papel donde imprimir noticias–, saque pecho a costa de nuestro país y anuncie que va a denunciarla ante los organismos internacionales. Rajoy y Fernández Díaz, el inefable ministro del Interior, deberían darse cuenta de que sólo porque un personaje de la catadura de Maduro encuentre ocasión de redimirse a costa de una ley que en realidad podría servirle de inspiración, merece ser derogada de inmediato.

Pero no acaban las arremetidas contra el ejercicio de informar en este aciago julio: el Ayuntamiento de Madrid ha creado una web cuya intención es “ofrecer directamente a la ciudadanía información contrastada sobre la actividad municipal”. Si esta frase no ha hecho que salten a la cara los malos recuerdos a gente de edad como Manuela Carmena, la memoria va a resultar un órgano demasiado maleable, porque justamente eso era lo que pretendía el censor franquista y lo que hacían los gobernadores civiles todos los días con los periódicos antes de la Ley Fraga: ofrecer a la ciudadanía la información fetén y evitar la que fuera obra de comunistas, ateos, masones y carbonarios o cualquier otra máscara que utilicen los periodistas, que ya se sabe que tienen más disfraces que Mortadelo. Es cierto que no es lo mismo, porque la web, llamada muy intencionadamente ‘Versión Original’, no impide la difusión de informaciones incómodas, pero solo por el tufo a correctivo a la Prensa que expide deberían, como la ‘ley mordaza’ el Gobierno, clausurarla de inmediato.

Acaba de salir ‘Ve y pon un centinela’, la esperada novela de Harper Lee, autora de ‘Matar un ruiseñor’. ¡Es tan fácil caer en la tentación del juego de palabras!: o ponemos centinelas o al ruiseñor de la libertad de información le quedarán dos telediarios. Si no es que algún diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura, en un gesto del que se sienta luego orgulloso, los interrumpe.