Los 28 diputados del Grupo Popular abandonaron el pasado jueves el Pleno de la Asamblea por disconformidad con la admisión a trámite de una propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos en la que pedía a la Junta que proclamase su “apoyo y solidaridad” con las 18 personas del Campamento Dignidad que serán juzgadas por coacciones en el TSJEx. Como se recordará, los que van a ser juzgados, entre los que se encuentra Eugenio Romero, diputado ahora de Podemos y su representante en la Mesa de la Asamblea, interrumpieron el 11 de febrero del año pasado el informativo territorial de RTVE en protesta por el retraso en la aprobación de la renta básica. Fueron detenidos y se les hizo pasar una noche en los calabozos de la Comisaría de Mérida antes de ponerlos en libertad con cargos.

Los diputados populares se habían opuesto a someter este asunto al Pleno apelando a informes jurídicos que señalaban que, tal como estaba planteado, no debería ser admitido. Sin embargo, los votos de los diputados socialistas y de Podemos en la Mesa de la Asamblea –la diputada de Ciudadanos también votó en contra de que se debatiera– fueron mayoría y, en consecuencia, el asunto se incluyó en el orden del día y, finalmente, fue debatido. Justo antes de iniciarse el debate, los diputados populares se levantaron de sus escaños y se fueron.

La portavoz popular, Cristina Teniente, expuso diferentes argumentos para justificar su abandono del hemiciclo y su negativa a debatir la propuesta. Teniente dijo que le parecía “gravísimo” que se sometiera a discusión y la calificó de “atropello”, de “esperpento absoluto” y de “precedente peligrosísimo”.

Sin embargo, no fueron estas consideraciones las que me llamaron la atención, sino otra formalmente menos restallante y que es la que me hace escribir estas líneas: la portavoz popular dijo que la Asamblea había hecho “un debate ilegal”. Que una parlamentaria califique de ilegal un debate parlamentario –un debate que no pone en entredicho, por ejemplo, la dignidad humana ni derechos constitucionales, sino que es de política ordinaria— me pone inevitablemente en guardia.

Y ello porque las palabras no son inocentes y porque expresar la idea de que puede haber debates ilegales me parece que es adentrarse en ese inquietante territorio mental donde se defiende que antes de que haya debates pretendidamente ‘ilegales’ es mejor su alternativa, es decir, que no los haya. Es afirmar que el silencio es preferible a la discusión, sean cuales sean las razones por las que se propone, incluidas las extemporáneas e interesadas. Si, además, la respuesta no se limita a oponerse a que se celebre el debate y combatirlo en la tribuna de oradores –es lo que hicieron el PSOE y la diputada Domínguez, tumbando la propuesta– sino despreciar la Asamblea al abandonarla, los parlamentarios populares establecieron un precedente que, si no es ‘peligrosísimo’, como dice Cristina Teniente, sí siembra dudas sobre su compromiso –se supone que incondicional– con la labor para la que fueron elegidos.