Hace dos años fui juzgado por revelación de secretos. El abogado de Mérida Ángel Acedo se querelló contra mí por considerar que varias informaciones publicadas en el año 2011 en el ‘Periódico Extremadura’ cuando yo era su director –y que se referían a los tratos de favor que Pedro Acedo, mientras era alcalde de Mérida, había tenido para con su hermano Ángel-, se habían apoyado en documentos privados que habían sido obtenidos ilegalmente.  Ángel Acedo pedía para mí tres años de prisión, inhabilitación para ejercer mi trabajo de periodista durante ese tiempo, 24 meses de multa y una indemnización por daños morales de 75.000 euros.

Fui absuelto, tanto en el Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres como, por sentencia firme, en la Audiencia Provincial, pues el querellante, que nunca puso en duda la veracidad de las informaciones, no demostró que aquellos documentos en los que se basaban ni siquiera tuvieran el carácter de privados; mucho menos, porque no era el caso, que hubieran sido obtenidos ilegalmente.

He recordado la querella de Ángel Acedo porque guarda algunas similitudes con la presentada por el diputado asturiano del PP David González Medina contra Marcos Moro e Íñigo Noriega, periodista y director, respectivamente, del periódico ‘El Comercio’, de Gijón, también acusados de revelación de secretos y a los que se les pedía tres años y medio de cárcel y otros tantos de inhabilitación por publicar, entre otros datos y a pesar de que las sentencias son públicas, que el diputado fue condenado por tráfico de drogas.

Pero sobre todo he recordado ambos casos por sus diferencias. Y, particularmente, por una: los periodistas asturianos tienen un defensor, su abogado, y dos acusadores: el diputado Medina y, además, el fiscal, que ahora, para mayor compromiso, se ha quedado como único sostén de la querella tras la retirada de la misma por parte del perjudicado.  Yo, en cambio, conté con una acusación, la que representaba al querellante, y dos defensas: mi abogado y, además, la fiscal del caso, una mujer joven cuyo nombre ignoro y a la que le estaré agradecido eternamente porque hizo el más riguroso e inolvidable alegato a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información que yo haya oído nunca en un tribunal.

Y, ahora, dos años después, veo este caso de los periodistas asturianos; veo  hace un mes el de los periodistas de ‘Abc’ Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, a los que también acusaba el fiscal de revelar secretos y les pedía dos años y medio de cárcel, y comparo. Y me pregunto si son figuraciones mías o últimamente está pasando algo preocupante para el derecho a la información en España alentado nada menos que por la Fiscalía. Yo entiendo, aunque no pueda compartirlo, al diputado Medina y al abogado Acedo porque defienden sus intereses. Ninguno, aunque uno sea representante de los ciudadanos, hace peligrar las libertades, pero que ahora el fiscal, el garante de la ley, el que nos representa a usted y a mí en cada caso en el que es parte, tome partido en contra de la verdad hace que se me enciendan las alarmas.