El pasado domingo este periódico dedicó su foto de portada y las páginas 3 a 5 para dar cuenta de cómo han vivido las dos familias de las víctimas extremeñas del Yak 42 el último episodio de lo que fue la mayor tragedia de la aviación militar española en tiempos de paz: el dictamen unánime del Consejo de Estado, que ha reconocido 14 años después que el Estado pudo evitar, y no lo hizo, el accidente en el que murieron 75 personas (de ellas, 62 militares españoles) cuando regresaban de su misión en Afganistán. De ese dictamen, como se sabe, se ha derivado la posterior petición de perdón de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a las familias de las víctimas.

Atravesaba el reportaje el inmenso dolor de los familiares de los dos militares extremeños fallecidos, el sargento de 29 años natural de Montehermoso Juan Jesús Nieto Mesa, y el cabo primero Feliciano Vegas Javier, de 33 años y natural de Moraleja. Sin embargo, lo que establecía ese reportaje con mayor precisión no era, con ser mucho, el dolor acrecentado por la incredulidad; por el silencio del Ministerio de Defensa durante las primeras y angustiosas horas; por las miserables sospechas de algunos mandos militares, que atribuyeron a los familiares de las víctimas aspiraciones de sacar tajada económica de la tragedia; por el viaje a Turquía en busca de respuestas que aquí no les daban… Tampoco era la orfandad ante la desesperada búsqueda de restos de cuerpos, que los familiares de Juan Jesús Nieto tuvieron que añadir al dolor de su muerte porque fue uno de los 21 cadáveres confundidos, de manera que estuvo enterrado durante más de un año en una sepultura de una pedanía de Murcia mientras en el cementerio de Moraleja estaba el del subteniente del Ejército del Aire Joaquín Álvarez, asturiano y con residencia familiar en Zaragoza. No era eso sólo lo que se veía en el reportaje, era –la maestría del periodista Antonio Armero lo hacía posible– la distancia infinita entre quienes en aquellos días de mayo del 2003 detentaban el poder del Estado y los que murieron en una campa de Turquía cuando su avión, una chatarra volante, se desplomó contra el suelo. Una distancia que no explicaba la que hay entre la vida y la muerte, sino la que, más precisamente, hay entre la gente decente y los que tienen una forma de vivir que los incapacita para reconocer el valor de la vida de los que mueren cumpliendo con su deber.

Quizás nunca como en este caso del Yak 42 el Estado –un Estado democrático, no se olvide– ha sido tan malvado con sus servidores. Y lo seguirá siendo mientras, no la actual ministra, sino el máximo responsable del Ministerio de Defensa de esos días –Federico Trillo, que fue mercenario con el dolor de las víctimas— no pague siquiera algo de la inmensa deuda moral contraída. Pudo hacerlo hace unos días, cuando se despidió de la embajada española en el Reino Unido, la regalía de la que tan indignamente disfrutaba por nuestra cuenta. No lo hizo. Quizás lo peor que pueda decirse de ese hombre es que a nadie sorprendió que no tuviera ese coraje.