No hace mucho me he manifestado aquí contrario a que nuestro Código Penal incluya la prisión permanente revisable. Dije entonces que mantener esa figura era un retroceso de nuestro Estado de derecho, pues con ello estaba admitiendo la posibilidad de dejar de ser un espacio de redención. La Historia nos demuestra que, aunque el camino hacia una sociedad más justa no es ni mucho menos una línea recta y que incluso hay muchos momentos en ella en que se producen severos retrocesos, el resultado es que vamos avanzando. Hoy, a pesar de los crímenes que nos hielan la sangre, somos un país más seguro que hace décadas, y nuestro Código Penal y nuestro sistema penitenciario es, afortunadamente, más humanitario.

Esta posición mía contraria a la prisión permanente revisable no hace que me sienta moralmente mejor que quien está a favor. Además de que sería una temeridad por mi parte juzgar desde una inexistente superioridad a quienes piensan lo contrario que yo, conozco a gente, a la que tengo por tan respetuosa con la libertad como cualquiera, que considera que esa figura de la que yo abomino podría ser un instrumento eficaz para evitar males mayores sin poner en entredicho los Derechos Humanos.

Necesito decir lo anterior para dejar claro que lo que quiero decir a continuación no tiene que ver con mi posición respecto a la prisión permanente revisable. Y lo que quiero decir es que el PP, en las últimas semanas, está utilizando a las víctimas de esos crímenes tan repugnantes.  Dolía ver el pasado jueves en la tribuna de invitados del Congreso a los familiares de las víctimas de esos crímenes convertidos, seguramente de modo involuntario, en escudos de su política. Merece la pena pararse a pensar por qué un asunto como este, periférico a los intereses de los ciudadanos frente a otros de mayor enjundia como las amenazas que se ciernen sobre el sistema de pensiones; la todavía vigente pérdida de poder adquisitivo por los asalariados; o la endeblez de un mercado de trabajo que no es capaz de crear ni un 10% de contratos fijos… ha pasado a ser el que concentra toda la energía del PP, y por qué aprovecha cualquier comparecencia para insistir en él.  Por qué se ha convertido en un asunto tan importante como para que Rafael Hernando, el portavoz parlamentario popular, le falte al respeto a un sagrado lugar de duelo como el funeral por el niño Gabriel Cruz y lo aproveche para reconvenir a los grupos políticos que piensan que esa figura jurídica debería de ser derogada. Por qué vota, con Ciudadanos en la Mesa del Congreso, para que el pleno del jueves trate este asunto justamente en el momento en que todavía la sociedad española está subyugada ante la maldad sin límites de la mujer que ha declarado haber matado al niño Gabriel. ¿Por qué?

La única razón que se me ocurre es que no se trata de justicia, ni de reparación de las víctimas, ni de debilidad de nuestro Código Penal. O no sobre todo. Y que soy estúpido si lo creo así. La razón por la cual al PP no le importa echar por la borda el decoro y utilizar a las víctimas es por su exclusivo beneficio electoral. Es, lisa y llanamente, por el poder.