Desde hace años, pues años dura, sigo el conflicto entre Guareña y su Entidad Local Menor, Torrefresneda, a cuenta de la delimitación del área de influencia -para entendernos, el término municipal- de esta última. Un asunto sobre el que hay sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia desde diciembre de 2015, según la cual Torrefresneda tiene derecho a ese término y a que sea sobre el plano confeccionado en 1969 por el ingeniero Osorio y Murillo de la Cueva, que estableció una serie de límites que conformaban un área de 5.400 hectáreas.

Se trata de una superficie a todas luces desproporcionada que supone un agravio entre el municipio matriz y su pedanía, pues a partir de ahora Torrefresneda (380 vecinos, poco más del 5% del total municipal) dispondrá de más del 20% del territorio y del 25% de los ingresos por IBI rústico.

La sentencia del TSJEx, como se ve, privilegia a Torrefresneda en perjuicio de  Guareña, puesto que va a disponer proporcionalmente de más ingresos. Esto ha provocado un clima de malestar y enfrentamiento dialéctico entre los representantes de ambos ayuntamientos. El último episodio se ha vivido la semana pasada cuando –órdago a la grande–, el Pleno del Ayuntamiento de Guareña aprobó por unanimidad (ni en Guareña ni en Torrefresneda hay derechas e izquierdas para este asunto, de hecho sus dos alcaldes son del PSOE) iniciar el trámite de disolución de la Entidad Local Menor ante la Junta, que es una especie de aplicación del artículo 155 pero a lo bestia. El Pleno ha tomado esa decisión después de que casi 4.000 guareñenses, es decir, casi todos los mayores de edad, firmasen una petición en ese sentido.

Han debido decir: ‘muerto el perro se acabó la rabia’. No es fácil saber cómo acabará este enfrentamiento entre dos localidades de la región unidas administrativamente, pero en lo que no hay ninguna dificultad es en concluir ya que nos encontramos aquí con un estruendoso fracaso de la política, que se inhibió de su responsabilidad cuando se le reclamaba y dejó que fueran los tribunales  los que resolvieran el contencioso. Y ya se sabe lo que pasa cuando se toma ese camino: que la Justicia es ciega y que dicta sentencia, como es su obligación, sin tener otra consideración que la ley misma, lo cual a veces es un acierto; otras, un camino hacia el ridículo (lo estamos viendo con la actuación de Llarena, a cuenta de la cual el independentismo catalán toma a rechifla un país democrático como España); y otras, como esta de Guareña y Torrefresneda, un camino hacia el enconamiento de dos vecindades que se podría haber evitado.

La crónica del corresponsal de HOY, Pedro Fernández, publicada el pasado sábado sobre el Pleno en que se aprobó el inicio del expediente de disolución de Torrefresneda como Entidad Local Menor terminaba así: “Los ediles de Guareña abandonaron el edificio protegidos por la Guardia Civil y la Policía Local, pero no hubo incidentes”. Eso significa que aún estamos a tiempo de que la política actúe. No tentemos la suerte. Miedo da que se produzca algún incidente, porque si se produce sus responsables tendrán nombres y apellidos en Guareña, Torrefresneda y en la Junta de Extremadura.