Como seguramente saben, un juez mallorquín, de nombre Miguel Florit, envió el martes día 11 a la policía a requisar los móviles y los ordenadores de dos periodistas del periódico ‘Diario de Mallorca’ y de la agencia ‘Europa Press’ en esa ciudad. Pretendía rastrear los orígenes de una filtración policial que atañe al ‘caso Cursach’, que debe su nombre a Bartolomé Cursach, uno de los magnates del ocio nocturno de la isla. Se trata de uno de esos asuntos turbios que lleva años dando tumbos en los juzgados, en que están implicados, además de los autores, policías y políticos, y en los que se dan la clásica retahíla de delitos de corrupción: tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, amenazas, extorsión… En este caso concreto, hasta 16 acusaciones de delitos pesan sobre Cursach.

El auto del juez Florit que documentalmente soporta la irrupción de los agentes en las sedes del periódico y la agencia es escueto (tanto, que ni siquiera incluye la dirección postal adonde debían acudir), apenas un folio y medio, y su contenido es, estrictamente, la orden a la policía para que los dos periodistas entreguen sus teléfonos y sus ordenadores con las correspondientes claves de acceso. No contiene ninguna argumentación jurídica que pretenda explicar por qué tomó esa decisión. Mi opinión es que esa falta de motivación del auto se debe a que no es fácil encontrarla. La ocasión, sin embargo, merecía un poco de esfuerzo por parte de Florit, porque no en vano lo que ha hecho no ha sido darle una patada a la puerta de la intimidad profesional de dos periodistas, sino a la libertad para informar de ellos y, sobre todo, al derecho a recibir una información veraz de usted y de mí. Una libertad y un derecho consagrados en la Constitución.

El secreto profesional, que es lo que este juez se ha puesto por montera, es la salvaguarda del periodismo, el elemento imprescindible para que los ciudadanos podamos recibir información veraz de asuntos relevantes. No opera para informaciones cuyo acceso es público o sencillo, ni en el trabajo cotidiano y común del periodista, sino precisamente cuando es socialmente más necesario el oficio de informar, que es cuando aborda aquellos asuntos más valiosos desde el punto de vista de la información como elemento imprescindible para conformar la opinión pública. El secreto profesional hace posible una de las definiciones más hermosas de la noticia -aquello que alguien poderoso no quiere que se sepa- porque es el muro de contención que protege el derecho a la información ante el poder. Sin secreto profesional del periodista nadie va a correr el riesgo de poner a su disposición ninguna información comprometedora. Se acabó la información incómoda, reveladora, decisiva. Eso es lo que ha hecho el juez Miguel Florit con la asombrosa colaboración del fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, quien ha dicho que requistar el móvil a un periodista “no tiene la mayor importancia”.

Ya hay querellas contra Florit. Yo espero que prosperen y que responda por el grave daño que nos ha hecho a todos.