No tendrá efecto en la economía local, ni supondrá mejora para los ciudadanos como la de reducir las listas de espera de los servicios sociales o las del paro, pero de cuantos asuntos hubo en los últimos días no encuentro nada más digno de abanderar el buen nombre de la política que el gesto del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, de renunciar a renovar el Voto a la Inmaculada, una tradición que, si bien con interrupciones, se ha venido celebrando en la capital extremeña desde el 1620 cada 8 de diciembre en que la iglesia católica conmemora la Inmaculada Concepción. Como se sabe, el Voto a la Inmaculada consiste en que el alcalde de Mérida, por lo común con cabezada incluida, entrega a la Inmaculada –en realidad a las monjas concepcionistas que, hasta que se fueron de la ciudad en el 2009, salían a la reja del convento a recibirla; y desde entonces, ni a ellas siquiera– la vara de mando que simboliza el poder que le han conferido los ciudadanos.

No encuentro que la interpretación amable de que las tradiciones de una ciudad definen su personalidad y que, por ello, deben mantenerse, que es lo que defienden algunos emeritenses notables, deba prevalecer con independencia del propio contenido de la tradición: menudearían los ejemplos de tradiciones que estuvieron arraigadas y que desaparecieron en buena hora por contravenir el signo, cuando no la sensibilidad y aun la ley, de los tiempos. Y esta del Voto a la Inmaculada está a contrapelo del sentido político porque transmite la idea de que el poder civil reconoce su condición vicaria del religioso, representado aquí por la Virgen Inmaculada. Y se mire como se mire, esa simbología, aunque pudiera adaptarse como un guante a otros momentos de nuestra historia, no se atiene a la democracia de hoy, en la que por definición ningún poder, ni de este ni de otro mundo, puede situarse por encima del poder del pueblo soberano que decide quién le gobierna, lo que significa que en los asuntos de ordenanza municipal, hasta la madre de Cristo, de llegar el caso, tendría que sujetarse a ella.

La mayoría de los políticos españoles, y por supuesto extremeños, nacidos de la Constitución del 78 no han tenido el coraje de resistir la tentación de utilizar la representación institucional que ostentan para participar en actos religiosos –quién no recuerda a Monago y a Fernández Vara llevando a hombros a la Virgen de la Montaña–, a pesar de que casi siempre lo que buscaban con ello tenía un sentido oportunista: aprovechar esa representación institucional para su promoción personal. Es decir, para hacer política populista. Por eso, que un político –que además es católico y cofrade en su vida privada, lo cual le otorga mayor credibilidad– haya puesto fin a esa deriva facilona de dejarse llevar por la tradición y, de resultas, colocar al poder democrático y a la religión en el lugar que les corresponde, es digno de feliz reseña. ¿Cundirá el gesto? El viernes pasado, el presidente de la Junta inauguró un belén en Mérida, y otro en Jerez la portavoz de la Junta y la alcaldesa.