Justo antes de acabar el curso 2016/2017, saltó una sorpresa dentro de la política educativa: la Comunidad de Madrid aprobaba una ley de gratuidad de los libros de texto, ley que promete ahorrar entre 250 y 300 euros a cada alumno de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica de esta comunidad a partir del curso 2018/2019.

Que los libros de texto sean gratuitos para las familias no es una sorpresa, en muchas comunidades de nuestro país lo son, ya sea por uno u otro modelo (becas, cheque-libros…) Lo verdaderamente curioso es que esta ley focalizada en “pagar la cuenta” de forma institucional, chocaba con la filosofía habitual de recorte a la que estamos malacostumbrados. ¿A la comunidad de Madrid le sobra el dinero?, ¿se ha acabado de verdad ya la crisis? Nada más lejos de la realidad, lo que nos encontramos bajo esta ley es un nuevo INVENT. Se desea multiplicar panes y peces pero sin poderes milagrosos mediante, básicamente estirando y estríando el pan, troceando en cachitos más pequeños el pescado, para que en general de la sensación que hay más materia prima de la que realmente hay, pero sin multiplicar nada. “Abuela, hay que aguar un poco más la sopa”

Adentrémonos en esta ley, algo que tengo que reconocer que me ha costado un poco, toda información está bañada en mensajes positivistas de ahorro y ayuda a las familias, sin profundizar mucho más allá en la realidad operativa, en el cómo, ¿cómo funcionará operativamente esta ley? Básicamente, de la siguiente forma:

1. Banco de libro como piedra angular: la administración nutre los bancos de libros según éstos demanden.

2. Reutilización: cada año a las familias se les asignan unos libros de texto (digitales o en papel) que devuelve cada año. Si los pierde o deteriora, los paga.

3. Deben durar 4 años: hasta 4 años después, no hay nuevos libros, tendrán que durar hasta entonces, no hay reposiciones.

Básicamente es una ley que únicamente cambiará el canal de distribución y que además impone una responsabilidad adicional a los centros educativos, teniendo que gestionar los bancos de libros bajo un protocolo que les acerca más a un rol de mercader que a cualquier labor pedagógica. Dejando a su vez muchos cabos sueltos, un docente que llegue al centro un curso después de haber arrancado el banco… ¿tiene que utilizar los 3 años siguientes el material que el docente prescribió el primer año?, a su vez, ¿quién considera que un libro es reutilizable o no?, ¿y la libertad de cátedra?, ¿y el respeto a los derechos de autor?

Todo parece un conjunto de buenas intenciones al que no se han sabido moldear, posiblemente el eslogan funcione “ayudar a las familias”, “ahorrar dinero a las familias”… pero con poco que se rasque tras él, uno encuentra poco más y más preguntas sin respuesta.

Resulta algo descoranozador ciertamente, todos somos conscientes que nuestro sistema educativo tiene margen de mejora pero, por ejemplo, esta ley de la Comunidad de Madrid es de las pocas leyes relacionadas con Educación aprobadas en los últimos años en dicha comunidad. A su vez, ya se anuncia por los grupos políticos que la siguiente que están preparando será para legislar los cada vez peor vistos deberes, ¿en serio?, ¿no hay más ideas?, ¿cuándo toca dejar de ser tan efímero?, ¿cuándo la opinión de los profesionales docentes será el bauprés que guíe esta evolución?