Esta semana el dumping fiscal entre comunidades autónomas y -en concreto- el Impuesto de Patrimonio han vuelto a ser noticia.
Recordar, que este impuesto se trata de un tributo cedido a las comunidades autónomas de carácter directo y naturaleza personal, que grava el patrimonio neto de las personas. Fue suprimido en 2008 con una bonificación estatal del 100%, pero tras el Real Decreto-ley 13/2011 se restableció con carácter temporal para 2011 y 2012 (introduciendo novedades como el mínimo exento de 700.000 euros en general y 300.000 euros en la vivienda habitual), y se ha ido prorrogando hasta que la Ley de Presupuestos del Estado para 2021 lo restableció con carácter indefinido.
Actualmente, Extremadura es la región que tiene los tipos más altos en este impuesto, junto con Aragón, Baleares y Valencia.
En Andalucía, su presidente Juanma Moreno, anunció el pasado martes que bonificará al 100% este tributo. Esta bonificación ya la aprobó el pasado año Isabel Diaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Tras esta noticia, Murcia parece que seguirá el mismo camino y está estudiando suprimirlo (el Gobierno popular de Fernando López Miras ya ha realizado importantes bajadas en impuestos vigentes como Sucesiones y Donaciones). En Galicia, también lo han reducido recientemente un 25%. Con estas medidas, las comunidades gobernadas por el PP intentan “aliviar el bolsillo de los ciudadanos” en una época de altísima inflación y muy penalizados por la crisis energética que estamos viviendo.
Mientras, el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, ha rechazado (este martes precisamente) acabar con este impuesto y ha abogado por intentar conseguir una armonización de los mismos para evitar el dumping fiscal. Aquí, Guillermo Fernández Vara, no solo no tiene previsto eliminarlo, si no que su gobierno rebajó el mínimo exento de 700.000 euros a 500.000 euros (600.000, 700.000 y 800.000 euros para personas con discapacidad, en función del grado), y considera que España debería volver a un escenario tributario más homogéneo y apunta que “tienen que pagar más los que más tienen para que puedan recibir más los que más lo necesitan”.
Con estas diferencias tan altas (con similar patrimonio algunos contribuyentes tienen que abonar hasta 60.000 euros mientras otros no pagan nada) lo único que se está consiguiendo es que las grandes fortunas residan en las comunidades con menores cargas fiscales y sean las mismas las que terminen siendo favorecidas por la creación de empleo y el estado de bienestar. De hecho, en Europa, además de en España, solo está presente este impuesto en Noruega -uno de los países con mayor nivel económico- y Suiza -reconocido como paraíso fiscal-. Ojalá la calidad y el nivel de vida de los españoles se pareciese a los de dichos países y pudiésemos “permitirnos” hacer frente a este impuesto.
Pilar Bardají (Bardají&Asociados)