Ejemplo de smart city: New Songdo City, centro internacional de negocios previsto en Corea del Sur.

El debate sobre el futuro de las ciudades inteligentes (smart cities) está abierto en todo el mundo y debe ser  una prioridad para Extremadura. Las sociedades del siglo XXI deben marchar por esa línea y Extremadura tiene que participar en este proceso porque es bueno para sus ciudadanos y para su economía.

Afortunadamente, día a día son más el número de nuevos proyectos urbanos que incorporan componentes tecnológicos y sociales en la línea comentada. Estamos a un paso de que ello forme parte de nuestra realidad cotidiana.

En estos días estarán compartiendo ideas, inquietudes y proyectos representantes políticos y empresariales sobre ciudadanos y ciudades inteligentes para la realidad extremeña, dentro de una jornada de reflexión auspiciada por el Parlamento y el Gobierno de Extremadura (a través de Extremadura Avante) y en cuya organización hemos colaborado empresas como MB3Gestión o Garrigues que, desde dentro de la región, llevamos tiempo promoviendo estos proyectos como nuevos motores económicos.

La reflexión es necesaria en el ambiente de perspectivas diferentes en el que se va a desarrolla la Jornada porque se requieren medidas normativas, actuación por parte de la Administración y la presencia y protagonismo de las empresas que deben trasladar a la realidad la implementación de los nuevos servicios e infraestructuras propios de una ciudadanía inteligente.

Además, debemos tener en cuenta que Extremadura es muy diferente en este aspecto, como en tantos, a otras zonas del país y del mundo. Nuestra realidad territorial y de población, con ciudadanos repartidos y distanciados pero afortunadamente hoy ya conectados por infraestructuras suficientes, piden una estrategia regional propia, particularmente adaptada, de forma que los servicios que se monten desde las empresas sean verdaderamente provechosos para nuestros ciudadanos.

No podemos permitir que el recurrente uso del calificativo “smart” para muchos proyectos urbanos nos haga olvidar que en el trasfondo de esta nueva realidad está la generación de nuevos valores por el capital intelectual y social que, como colectivo y como ciudadanos atesoramos, valores que también tienen que revertirnos en forma de beneficio individual, social y regional.

Siendo la colaboración público-privada imprescindible en estos proyectos, el retorno que se obtenga de ellos por el nuevo valor que generen también merece ser compartido por ambos sectores.

Desde un punto de vista legal es cierto que el encaje de este nuevo mundo de oportunidades, idóneo para cambiar nuestra realidad cotidiana en la región, no es fácil ni sencillo, pero tampoco es imposible. Con el suficiente esfuerzo e ilusión es posible adaptar sin violentarlos determinados modelos e instituciones jurídicas tradicionales para dar cabida a esta realidad ciudadana y de negocios, de forma tal que se satisfagan las expectativas y derechos de todas las partes implicadas (empresas, ciudadanos y poder político).

Además no podemos olvidar que muchas de las iniciativas rozan derechos sensibles de los propios ciudadanos como su privacidad o su imagen, razón por la que lo público debe estar presente como razonable tutor que garantice su respeto.

Sin duda el primer paso es hablar públicamente y en común de todo ello, que es precisamente lo que todos los sectores localmente implicados hemos empezado a hacer.

El segundo será fijar una estrategia y comenzar a trabajar para que nuevos proyectos vean la luz en nuestra Región.