Este titular, que a primera vista puede parecer un disparate con tintes sensacionalistas, desgraciadamente puede convertirse en una realidad para unas 230.000 empresarios personas físicas que actualmente presentan sus declaraciones tributarias en formato manual en papel. Una práctica que tiene los días contados… por Orden Ministerial.

Se trata de una medida que la Administración Tributaria ya intentó implantar en la década pasada, al compás del crecimiento económico y de la sociedad de la información, pero que el estallido de la crisis pospuso para tiempos mejores, toda vez que la medida produciría unos costes adicionales (y más de un quebradero de cabeza) a un sector de la población al que las dificultades económicas había obligado a apretarse el cinturón: los autónomos.

Pues bien, recientemente hemos leído en prensa que la Administración Tributaria retoma con fuerza y parece ser que, de manera definitiva, su viejo sueño de suprimir las declaraciones tributarias en papel. No nos engañemos, los autónomos, concepto coloquial que a efectos tributarios engloba a todas las personas físicas que tributan por alguna de las modalidades de actividades económicas en su declaración de la Renta, se habían convertido en una aldea de irreductibles galos subsistiendo en medio de un mundo de operadores económicos que ya estaban obligados a cumplimentar sus obligaciones tributaria por medios telemáticos. Una suerte de discriminación positiva frente a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades principalmente.

Se trata por tanto de una medida lógica desde un punto de vista evolutivo (¡dónde quedaron las viejas máquinas de escribir!) y desde luego en términos de gestión tributaria. Sin embargo, ello no debe distraernos de una pregunta que tiene especial trascendencia para este colectivo de 230.000 autónomos ¿cuál es el coste que para ellos va a tener esta medida?

Ante esta pregunta Hacienda debería hacer un ejercicio de reflexión y analizar qué tipo de autónomos son. Resulta evidente que, salvo honrosas excepciones, no estamos hablando de ingenieros, arquitectos, médicos, dentistas, abogados, notarios y un largo etcétera de profesionales que, por su trabajo diario y su cualificación profesional, se encuentran familiarizados con este tipo de medios de comunicación, sino de otro tipo de actividades, léase por ejemplo agricultura, cuyo desarrollo no requiere de estos conocimientos informáticos o telemáticos ni, desde luego, de los medios materiales y humanos derivados de su uso.

A nadie se le escapa que comprar un ordenador, pagar a un gestor y contratar internet tiene un coste que muchos pequeños empresarios no pueden (o no quieren) soportar, pero que parece ser que el Ministerio de Hacienda les va obligar a asumir, so pena de sanción.

Y mayores que los costes económicos pueden resultar los costes psicológicos, puesto que en muchos casos estas personas utilizaban las declaraciones en papel simplemente por la tranquilidad que les daba salir de su entidad financiera con su declaración sellada, sabiendo que habían pagado sus impuestos (y si había algún problema, la culpa era del banco).

En uno de los periódicos que dieron la noticia se decía que en diciembre la AEAT lanzará una campaña de información directa dirigida a los 230.000 autónomos y profesionales que tendrán que migrar obligatoriamente del papel a internet, pero desgraciadamente en ningún periódico hemos podido leer que la medida se implementará poniendo a disposición del contribuyente un servicio público de cumplimentación de declaraciones, como ocurre por ejemplo con la campaña de la Renta. Ello permitiría acostumbrar a esos autónomos rezagados a usar este medio de presentación, sin que les reportara mayor sacrificio que el mero hecho de tener que desplazarse a las dependencias de la Agencia Tributaria.

Dado que la medida favorece principalmente la gestión tributaria y, por tanto, su beneficiario es la Administración Pública, lo lógico sería que ésta facilitara su aplicación al contribuyente de la manera menos gravosa posible, puesto que, no nos engañemos, lo que realmente facilita la vida al ciudadano es poder elegir entre presentar sus declaraciones en papel o por medios telemáticos.

En definitiva, evolución, sí, pero no darwiniana.