Protesta de trabajadores de Edesa y Fagor, cooperativistas de Mondragon.

Autores:
Fabriciano de Pablos, Socio de Garrigues.
Patricio Molina-Spínola, Asociado Senior.

En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan (y también cuando más se incumplen).  No olvidemos que las mejores leyes nacen de las costumbres, y que son innecesarias cuando las conductas son ejemplares.

Hace unos meses, se aprobó la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura y, hace unas semanas, se publicó el Proyecto de Ley estatal de Transparencia. Con estas iniciativas legislativas, se pretenden desarrollar la transparencia de la actividad pública, el acceso a la información y las normas de buen gobierno.

Estas iniciativas en el sector público se inscriben en una tendencia general previa a la crisis (ya son más de 90 países los que ya han publicado algún tipo de código, principios o recomendaciones de buen gobierno corporativo), pero que se va a desarrollar sin duda porque la crisis trae causa -en gran medida- de una mala gestión de las organizaciones públicas y privadas (empresas, administraciones públicas, partidos políticos, fundaciones, cooperativas, etc.)

Existe una conciencia general de que hay que establecer unas nuevas reglas del juego. Así se pide desde distintos sectores porque las consecuencias del modelo de gestión que nos ha llevado a la crisis son de todos conocidas: destrucción de empleo, desconfianza en las instituciones, pérdida del dinero invertido, etc.

Nos hemos dado cuenta, entre otras cosas, de que los recursos son limitados, y hay que usarlos de forma responsable; que no pueden prevalecer los intereses personales en la gestión; que la estrategia debe fijarse a largo plazo y con altura de miras pensando en el interés social; que no se puede consentir una gestión que prime los resultados a corto plazo, sin considerar los riesgos que se asumen; que deben existir mecanismos de supervisión y control y que deben exigirse responsabilidades cuando proceda.

La instauración de nuevos modelos de gestión que incorporen buenas prácticas de gobierno y sistemas de control se va a producir en todos los ámbitos. Lo que hasta ahora eran meras recomendaciones sobre buenas prácticas se van a convertir progresivamente en obligaciones legales, en el ámbito de lo público y en otros sectores. Y cómo no, también en el cooperativo.

La implantación de buenas prácticas tiene de por sí una serie de ventajas para las cooperativas: ofrece mecanismos de control; permite detectar riesgos; supone una ventaja competitiva en el mercado que puede favorecer la obtención de financiación y el desarrollo de proyectos; ayuda a profesionalizar la gestión; reduce el riesgo de responsabilidad y los conflictos; mejora la transparencia y la comunicación con los grupos de interés y también la imagen y apreciación social de la cooperativa. En definitiva, genera confianza.

Cuáles son esas buenas prácticas. En primer lugar, conviene ordenar las relaciones entre la Asamblea General, el Consejo Rector, los Interventores y otros comités o comisiones que se puedan haber creado, definir sus competencias, sus responsabilidades y sus normas de funcionamiento.

A título de ejemplo, es recomendable implantar mecanismos de seguimiento y de responsabilidad (que cada uno responda de sus actuaciones) más allá de las obligaciones legales; que se celebren reuniones periódicas, convocadas con un orden del día previamente distribuido, que se suministre la documentación necesaria, que la información sea medible y comparable (presupuestos, cuadros de tesorerías, etc.), que se trabaje en equipo y que estas reuniones no se limiten sólo a informar de decisiones ya tomadas al margen de los órganos competentes, sino que se adopten los acuerdos de forma colegiada. Además, es importante definir cómo se usa el dinero, gestionar los conflictos de intereses y las oportunidades de negocio y cómo no aportar información fiable a los grupos de interés.

Las iniciativas legales en materia de buen gobierno avanzan en esta senda, pero la mejor manera de acabar con las malas prácticas está en la suma de muchos esfuerzos individuales. No se trata tanto de reformar las leyes como de que los gestores asuman nuevos hábitos de conducta, que incorporen prácticas de buen gobierno a su actividad, que actúen de forma prudente y responsable, con criterios a largo plazo y buscando el interés social.

Entramos en un tiempo nuevo en el que se van a valorar no sólo aspectos económicos, sino que también se van a ponderar otros como la transparencia, la responsabilidad social, la calidad o la profesionalidad, generadores todos ellos de confianza. Desde aquí se invita al sector cooperativo a coger esa bandera, a tomar la iniciativa, revisando sus propias prácticas de gobierno para dar así ejemplo al resto de organizaciones.