El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atiende ayer las explicaciones del presidente del comité de expertos, Manuel Lagares.

El viernes pasado vio la luz el esperado informe encargado por el Gobierno en julio pasado al Comité de Expertos para la Reforma Tributaria , de cuyas principales propuestas les supongo ya enterados a través de los medios de comunicación.

Se inicia por tanto ese camino que tendrá su siguiente hito en la elaboración por parte del Gobierno de los textos normativos de la reforma que presentará a las Cortes Generales en el mes de junio, y que tras la correspondiente tramitación parlamentaria, se convertirán en las Leyes que regularán nuestro sistema tributario, presumiblemente a partir de enero de 2015, especialmente en lo que se refiere al IRPF. Pero tan solo se habrá concluido una etapa, pues el informe prevé una reforma con varias fases para alcanzar los objetivos encomendados.

Cuatro fueron las líneas de revisión fijadas por el Gobierno para el trabajo de la Comisión, dotar al sistema impositivo de mayor simplicidad, garantizar la suficiencia recaudatoria del mismo, favorecer el desarrollo económico, garantizando la unidad de mercado y la neutralidad fiscal, y potenciar el desarrollo social y el ahorro.

La hoja de ruta diseñada, que coincide con las recomendaciones de los principales organismos internacionales, pretende la consecución de estos objetivos de forma gradual. Empieza con una reducción de tipos en los impuestos directos, IRPF e Impuesto sobre Sociedades, que sería compensada en parte con la eliminación de exenciones y deducciones y, principalmente, con una elevación de tipos de IVA que afectaría a los bienes y servicios que tributan a los tipos reducidos y con el incremento de los Impuestos Especiales, como el tabaco y el alcohol; continúa con la homogeneización de los impuestos de carácter medioambiental, establecidos esencialmente por las comunidades autónomas, y con la progresiva sustitución de la imposición sobre la titularidad y transmisión del patrimonio derivándola hacia un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) más potente; y culmina con una futura reducción de las cuotas a la Seguridad Social, cuya recaudación se sustituiría con una subida del tipo general de IVA.

De esta forma, garantizando el nivel de ingresos tributarios e implantando medidas dirigidas a favorecer a determinados colectivos, como las familias y los discapacitados y de impulso del ahorro en cada una de las fases, se favorecería en primer lugar el crecimiento económico con la rebaja de la imposición directa, especialmente en el IRPF, que permitiría un mayor consumo a pesar de la subida de los tipos de IVA reducidos. Posteriormente se acometería la labor de dotar de mayor simplicidad al sistema con la desaparición progresiva de figuras impositivas cuya finalidad es meramente recaudatoria en favor de otras, con finalidad disuasoria de determinados consumos perjudiciales para la salud o el medio ambiente. Paralelamente se produciría la concentración de la imposición patrimonial en un solo impuesto, suprimiéndose el resto al ser claramente ineficientes. Y finalmente, ya en época de crecimiento económico constatado, se trataría de favorecer una mayor creación de empleo rebajando las cotizaciones sociales, una vez que el mayor consumo permita una mayor recaudación por IVA.

El camino se hace al andar, decía el poeta, y casi con toda seguridad habrá circunstancias que impidan seguir la ruta prevista por la Comisión. Además de cambiar radicalmente, aunque de forma progresiva, el sistema tributario español, se pretende conseguir que el cambio de ciclo económico no afecte al nivel de ingresos, como ocurrió a partir de 2007. Si se logra este objetivo, habremos aprendido de los errores cometidos y, al menos, no se habrá perdido el norte, aunque el camino sea otro.