Todo apuntaba a que el pasado viernes iba a ser un auténtico viernes negro en los mercados de renta variable. Sin embargo no fue así, y es que una vez más se nos olvida que la economía financiera es un ” bicho aparte” que se anticipa a los movimientos de la economía real y que ademas, desde antes de que empezara la crisis, pasa bastante de ella.
Los datos conocidos la noche del jueves y la mañana del viernes nos colocan ante la formación de una “tormenta perfecta” para los intereses de la economía de nuestro país.
La bajada de rating de S&P en dos escalones pone mucho más difícil la consecución de financiación por parte del estado, y aunque ahora todos digamos lo malísimas que son las agencias de calificación, y por el contrario, lo buenísimas que eran cuando nos colocaban en la champions league, lo cierto es que esta bajada de rating se ha anunciado una vez pasado el temido mes de abril donde se concentraba una buena parte de la renovación de deuda para este año.
La lógica dice que la consecuencia directa de esta rebaja a la deuda soberana, será aplicar la misma sobre las entidades financieras del país, por la más que evidente conexión financiera entre estas y la financiación pública.
Circunstancia que de producirse se sumaria a las declaraciones del FMI en las que urgía a “reparar” la situación patrimonial de cierto número de entidades financieras, para poder evitar el contagio al resto del sistema…
Para cerrar el círculo de estas implicaciones entre entidades y la financiación del estado, ese mismo viernes, hemos conocido la noticia que dos de las grandes entidades nacionales, dejaran de comprar deuda pública española, por haber agotado el límite de riesgo en este activo. En definitiva, menor número de oferentes, y a un precio mucho más caro.
En la mañana del viernes le toco el turno a los datos de la EPA, terribles, dramáticos. 374.300 personas, con nombres y apellidos, con una familia tras de si, habían incrementado la más dramáticas de las cifras en el primer trimestre. Nunca antes habíamos alcanzado porcentajes tan brutales, nunca antes, además, se habían destruido puestos de trabajo en un número tan abultado (400.000 puestos de trabajo destruidos).

El círculo se cierra, el apalancamiento crediticio público no disminuye (ni se está en ello) y sin embargo, se pretende estrangular el apalancamiento privado.
Es cierto, es cierto, los recortes son necesarios, pero los recortes en la ineficiencia, en el despilfarro, en el saco sin fondo llamado “estado del bienestar” que se invocaba para cualquier cosa, y que ahora que lo hemos pedido (si, si, lo hemos perdido), nos enteramos que consistía en tener a nuestra disposición un sistema sanitario y un sistema educativo (ineficiente pero extenso) que pocos países de nuestro entorno conseguían. En tener un sistema de pensiones que daba cobertura a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Es lógico que por ejemplo, en esto último, se tomen medidas para adecuar un sistema pensado en una pensión media de ocho años, a las actuales de más de 16. Que ocurre, que hemos necesitado la mayor de las crisis para despertar.

A estas alturas creo que ya podemos distinguir que debe estar dentro de un estado del bienestar y que no. Tal vez, si hacemos una encuesta, lo más probable es que quedara fuera del mismo la mastodóntica organización administrativa que es el conjunto de España, sus duplicidades y sus ineficiencias, no por la capacidad de las personas que la integran, sino sencillamente, porque las “necesidades” que atienden, han sido creadas por el propio sistema.

Ante un panorama tan dramático, que podría ser inmensamente pero de producirse una intervención, la solución más evocada es conseguir cuanto antes unos estándares de competitividad que generen valor añadido; y claro, para esto, deberíamos pasar por una inviable devaluación de nuestra moneda.
Inviable pues no esta en nuestras manos, formamos parte de una moneda común. Pero aun así, puede que no podemos ejercer una devaluación en si misma, pero si se pueden adoptar medidas que replique los efectos de la misma.
Tal vez la primera de ellas sería la que solapadamente se está ejecutando, la bajada nominal de salarios y pensiones, públicos y privados. Pero esto tendría que ir acompasado con una rebaja en el peso del apalancamiento crediticio de familias y empresas, evitando así el enorme deterioro del consumo y por añadidura el también enorme deterioro de los ingresos públicos.
Los presupuesto no van a dejar de cumplirse por el control de los gastos, se incumplirán por el deterioro de los ingresos.