Ahora resulta que el Partido Popular es un buen samaritano comparable a Cáritas. Por ese motivo, según la Agencia Tributaria, el PP no cometió ningún delito fiscal y tenía derecho a no declarar las donaciones que recibió en 2008 (último año no prescrito) y que Bárcenas anotó en sus papeles: 888.000 euros. Montoro y compañía arguyen que el PP, como entidad sin ánimo de lucro que es (¡ejem!), está exento de pagar el impuesto de sociedades por esas limosnas al quedar «acreditado» que las destinó al fin principal del partido. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga.

Las comparaciones son odiosas hasta para los inspectores y técnicos de Hacienda, que coinciden, lo que no es habitual, en que el símil entre el PP y Cáritas es, cuando menos, «poco afortunado» y «no procedente» porque una ONG y una organización política tienen sistemas de financiación que se basan en leyes diferentes: la primera se rige por la de mecenazgo y la segunda por la de partidos. Asimismo, aclaran que si un donativo es ilegal, no es deducible. Además, las cuentas de Cáritas están fiscalizadas por Hacienda; las del PP, por el Tribunal de Cuentas, que controla el propio PP. Por si fuera poco, Cáritas publica en su web la lista de empresas donantes y su contabilidad. En cambio, el PP no está obligado a facilitar al Tribunal de Cuentas el listado de sus donantes privados.

Apremiado por la alarma social generada por casos como Gürtel, el Congreso aprobó en enero, con el voto del PP y los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, una ley que refuerza el control financiero de los partidos. Entre otras cosas, prohíbe los donativos de las empresas y condonar deuda a los partidos, obliga a publicar las aportaciones de personas físicas que superen los 25.000 euros y recorta las subvenciones públicas. Como sostiene la oposición, se queda corta y no parece suficiente para atajar la corrupción y la connivencia del poder político con el económico. Fruto de esta, las grandes corporaciones españolas pagan de media un 5,3% de sus beneficios por el impuesto de sociedades cuando el tipo nominal es del 30% y 34 de las 35 firmas que cotizan en el Ibex tienen filiales en paraísos fiscales, según un informe de Oxfam Intermón. Es más, España es un paraíso fiscal: tiene 52 pactos opacos con multinacionales por los cuales estas apoquinan impuestos a la carta, según denuncia la Comisión Europea. Aparte de hacer la vista gorda con entidades como el Banco Madrid, sospechoso de blanquear capitales, hasta que EE UU hizo saltar la liebre.

El dinero está robando la soberanía al pueblo, metamorfoseando la democracia en plutocracia. El principio «una cabeza, un voto» está siendo suplantado por el de «una moneda, un voto». ¿Cómo evitarlo? En su libro ‘¡Democracia!’, el ensayista italiano Paolo Flores d’Arcais afirma que basta con prohibir cualquier financiación privada (salvo las pequeñas contribuciones individuales) y garantizar recursos públicos iguales «en especie» en vez de dinero, como garantizar la igualdad en los espacios televisivos, en la dotación de papel e imprenta para los carteles, en los instrumentos de las redes sociales, en el uso gratuito de plazas o teatros. También cree necesario institucionalizar un sistema taxativo de incompatibilidades que impida que accedan a cargos políticos quienes no se desprendan de su poder económico, es decir, que garantice la verdadera separación de poderes.

(Publicado en el diario HOY el 22/3/2015)