«Estamos viviendo en una dictadura». Este es el titular de la entrevista que hice al poeta y columnista de HOY Ángel Manuel Gómez Espada con motivo de la presentación de su último y genial poemario, ‘Los hijos de Ulises’. La sentencia es suya y recibió lo suyo en las redes sociales por atreverse a proferirla; pero también hubo quien quiso matar al mensajero y arremetió contra este periodista por elegir «tan lamentable» titular.

Esta semana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha desenterrado una vieja y polémica idea de su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón: sancionar a los medios de comunicación que divulguen sumarios judiciales declarados secretos. Semejante ocurrencia no hace más que cargar de razón a Gómez Espada, al tiempo que es un botón de muestra más de la inveterada tentación, sobre todo del poder, de matar al mensajero portador de malas o incómodas noticias.

A nadie le gusta que le canten las verdades del barquero y que le saquen los colores y los trapos sucios, y menos al mandamás de turno. Pero esa es la misión de la prensa, que no es titular de la libertad de expresión reconocida y protegida por el artículo 20 de la Constitución española, sino simple depositaria y ejercitante de un derecho de la ciudadanía. La prensa es una curiosa impertinente para el poder o no es prensa, es propaganda. El pensador francés Alexis de Tocqueville consideraba que un ciudadano oprimido solo puede defenderse a través de la prensa. En cambio, como advierte el ensayista político italiano Paolo Flores d’Arcais, las técnicas de marketing, si triunfan en política, ahogan la soberanía popular en la sumisión a las lisonjas. El político que miente hurta la voluntad al ciudadano, lo reduce a súbdito y secuestra su voto. «Sólo la verdad es democrática», dice Flores d’Arcais, es el poder de los sin poder.

Por eso, la información es poder; de ahí la obsesión del poder por controlar la información. Con este fin de trasfondo, el Gabinete de Rajoy ha aprobado la ‘ley mordaza’, la de Propiedad Intelectual o la reforma del Código Penal. La propuesta de multar a los medios va en la misma línea. Gallardón ya estudió incluirla en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) pero la descartó porque podría vulnerar el derecho fundamental de información. Catalá la resucitó el miércoles, justo la víspera de que comenzara a tramitarse dicha norma en el Congreso. No me parece casual. Me da en la nariz que la Moncloa ha utilizado al justiciero de Rafael para lanzar un globo con el que sondear a la opinión pública. Visto el revuelo generado, el Ejecutivo plegó velas y obligó a Catalá a rectificar. Este matizó que su planteamiento era una simple reflexión que no está, en absoluto, en los planes del Gobierno.

Con todo, la oposición denuncia que con la LEC el PP, único partido que la ha apoyado en el Parlamento, pretende dificultar la investigación de la corrupción. Amén de acelerar los procesos judiciales, la reforma cambia el término «imputado» por el de «investigado», que pasará a ser «encausado» cuando se le «atribuyan indiciariamente hechos delictivos». Un «truco semántico» de la neolengua del poder para enmascarar la verdad ya que no se puede ocultar matando al mensajero. Es lo mismo que, como quiere la verborreica Esperanza Aguirre, prohibir a los indigentes que duerman en la calle para camuflar la pobreza y no ahuyentar a los turistas.

(Publicado en el diario HOY el 3/5/2015)