Un diputado del partido gobernante pide encarcelar a dos periodistas por revelar la verdad. ¿En Venezuela? No, en España; en concreto, en Asturias, donde el diputado regional del Partido Popular David González Medina se querelló –querella que acabó retirando por la presión social- contra el redactor de ‘El Comercio’ Marcos Moro y su entonces director, Iñigo Noriega, por publicar en 2014 que fue condenado por tráfico de drogas en 2004 y sancionado por consumo de estupefacientes en 2011. El tal González no ponía en duda la veracidad de ambas noticias, lo que denunciaba es que, para lograr la información, el diario pudo «haber accedido a ficheros o bases de datos sin acceso autorizado», aunque durante el proceso de instrucción quedó probado que no fue así. Un atentado en toda regla contra la libertad de expresión más propio de la China ‘comunista’, la Rusia de Putin, la Turquía de Erdogan, esa a la que la UE paga para que sea un campo de concentración de refugiados, o la Venezuela de Maduro, que el mismísimo González Medina ha criticado en las redes sociales por cómo «se las gasta con los que piensan diferente».

No es este el único ni será el último ataque a la libertad de expresión en nuestro país. Recientemente una juez abrió juicio oral contra otros dos periodistas del diario ABC a los que también imputaba un delito de revelación de secretos por publicar una información en 2014 sobre Luis Bárcenas, el extesorero del PP. El fiscal llegó a pedir prisión para ambos, pero finalmente retiró su acusación y solicitó el archivo del caso, dado que la noticia se publicó una vez se levantó el secreto de sumario.

Asimismo, dos titiriteros pasaron cinco días en prisión acusados de enaltecimiento del terrorismo por sacar en una representación una pancarta con la frase ‘Gora Alka-ETA’, colocada por un títere policía a otro personaje para incriminarle. Los titiriteros fueron víctimas justo de lo que pretendían denunciar con su obra, que el poder utiliza el espantajo del terrorismo como pretexto para sofocar cualquier disidencia.

En su último informe anual, Amnistía Internacional (AI) advierte que las libertades de expresión y reunión se han visto restringidas en España por normas como la reforma del Código Penal, que amplía la definición de los actos considerados terroristas, o la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ‘ley mordaza’, que criminaliza las protestas. Las repercusiones de esta ley preocupan al Comité de Derechos Humanos de la ONU, al igual que los crecientes casos de malos tratos y de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía española contra manifestantes e inmigrantes que trataban de entrar de forma irregular en Ceuta y Melilla desde Marruecos.

Este periódico se hacía ayer eco de un artículo de ‘The Economist’ que recordaba que, como apuntó el nobel Amartya Sen, ninguna democracia con prensa libre ha sufrido jamás una hambruna. De hecho, la libertad de expresión y demás libertades públicas han sufrido un retroceso en España durante los años de crisis de forma paralela al aumento de la pobreza. Entre 2009 y 2016, el porcentaje de ciudadanos en riesgo de exclusión social creció del 20,4% al 22,1%, según Cáritas. En consecuencia, defendiendo los derechos fundamentales también se combate la pobreza y la desigualdad social. Y viceversa.