«La historia se repite: primero como tragedia y después como farsa», advirtió Karl Marx. Y a fe que es así en el caso de Cataluña. No es la primera vez que los catalanes tratan de ser un Estado. El penúltimo intento tuvo lugar el 6 de octubre de 1934, en el marco de la huelga general que desatará la fallida Revolución de Asturias.
Aquel día el entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys, y su gobierno en pleno proclamaron el Estado catalán. Este apenas duró 11 horas y acabó con la intervención del Ejército y la detención, el encarcelamiento, el juicio y la condena por rebelión de todo el Govern de Companys. La autonomía catalana fue suspendida hasta su restauración en 1936, después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero, a las que concurrió Companys desde la cárcel y tras las cuales fue amnistiado.
Aquella intentona fue trágica; se saldó con 46 muertos, al dar la batalla los Mossos y los Escamots (las juventudes armadas de ERC) en las calles de Barcelona. Quiero creer que la nueva se consumará el 1 de octubre con una farsa de referéndum, las autoridades catalanas procesadas y elecciones anticipadas en Cataluña.
No obstante, tras el 1-O la cuestión catalana continuará sin estar resuelta. Es innegable que hay un porcentaje significativo de independentistas, que ahora oscila entre el 40% y el 50%, según las encuestas, que mengua o crece al albur de las crisis. La Gran Recesión y los tijeretazos dados por el Tribunal Constitucional al nuevo Estatut han exacerbado los sentimientos separatistas, que Artur Mas y sus epígonos han utilizado arteramente para tapar sus trapos sucios y aplacar las revueltas sociales contra su gestión económica, tan austera o más que la del PP.
Por tanto, el 2 de octubre debe comenzar un debate de ideas para resolver, de una vez por todas, el problema catalán. Ya no sirve hacer el don Tancredo envuelto en la bandera rojigualda. Me atrevo a aventurar una solución: un doble referéndum.
El primer paso sería que el Govern y el Gobierno central pactaran las condiciones de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Dicho pacto debería ser aprobado por tres quintos de los miembros del Parlamento catalán y de las Cortes (Congreso y Senado) y después sometido a referéndum de todos los españoles para su ratificación. El procedimiento es similar al ordinario contemplado por la Constitución (artículo 167) para su reforma. También se podría optar por el procedimiento agravado (art. 168), más complejo y rígido, con el argumento de que el referéndum afecta al artículo 2 del Título Preliminar: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española (…)».
Sea por un procedimiento u otro, si la consulta es aprobada se celebraría solo ya en Cataluña bajo las condiciones pactadas. ¿Cuáles? Planteo las siguientes: la participación debe superar el 66% del censo y el sí a la secesión debe ser apoyado por más del 55% de los votantes (como en el de Montenegro de 2006). En caso contrario, se podría convocar un nuevo referéndum pasados ocho años repitiendo todo el proceso.
Esta es la propuesta de un mero plumilla. Por supuesto caben otras, pero eso sí, la vía por la que se opte debe ir «de la ley a la ley pasando por la ley». Porque como sostiene el pensador italiano Paolo Flores d’Arcais, «toda violación o atenuación del principio de legalidad desfigura y pone en mora la democracia».
(Publicado en el diario HOY el 10 de septiembre de 2017)