La banca siempre gana
El Tribunal Supremo patrio ha dado un espectáculo de traca con su sentencia con freno y marcha atrás sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que grava las hipotecas cuando se constituyen. Todo un petardazo en la balanza de la Justicia nacional, para regocijo de los que la cuestionan y la consideran parcial y politizada, especialmente en sus más altas instancias. Entre estos destacan los Puigdemont, Junqueras, Torra y demás compañeros mártires, a los que les ha caído del cielo un arma arrojadiza más que esgrimir contra el Estado de Derecho español.
Lo cierto es que el Alto Tribunal ha generado desconcierto o, peor, inseguridad jurídica con sus vacilantes decisiones sobre quién debe pagar el impuesto de marras. El pasado 28 de febrero sentenció que tenían que abonarlo los clientes, como hasta ahora. Pero el pasado martes rectificó y resolvió que debían asumirlo los bancos. Este cambio de criterio se conoció el jueves; entonces se armó la mundial y las entidades financieras se desplomaron en la Bolsa ante la perspectiva de que una cascada de reclamaciones de clientes les abriera un nuevo agujero milmillonario en las cuentas cuando aún no han terminado de cerrar los abiertos por la crisis y las cláusulas suelo.
Sin embargo, el Supremo lo mismo vale para un roto que para un descosido y no tardó ni 24 horas en recular y suspender el «giro jurisprudencial» provocado por la última sentencia, firmada por cinco magistrados, mientras que un sexto emitió un voto discrepante. El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Tercera), compuesta por 31 jueces, será ahora el que dicte el 5 de noviembre qué doctrina se aplica, es decir, si el tributo de las hipotecas lo deben pagar los bancos o los clientes. Lo hará a instancias del presidente de dicha sala, Luis María Díez-Picazo, que alega que se enteró por la prensa de la polémica sentencia y cuya elección fue polémica, pues estuvo apadrinada por el propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, enfrentado al anterior presidente de la Sala Tercera, el reconocido José Manuel Sieira. Una muestra más de que la Justicia no es ajena a los juegos de poder.
Algo huele a podrido en todo este asunto, pues la decisión del Supremo de remendarse la plana es cuando menos atípica, como reconocen los propios juristas. En declaraciones recogidas por ‘eldiario.es’, la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, Esther Castanedo, fue la más tajante: «Estamos muy indignados, no sé si se debe a presiones de la banca o de la Agencia Tributaria». Se puede decir más alto pero no más claro: Castanedo apunta con su dedo acusador a la mano invisible de Mammón o del Estado (quizá a su vez instigado por los Lannister). Y si esto es verdad, es grave, muy grave, porque atenta contra la democracia.
Como dice el ensayista político Paolo Flores d’Arcais, «la esfera del derecho debe estar inmunizada contra el virus del provecho», ya que la máxima de «una moneda, un voto» va contra el principio democrático sacrosanto de «una cabeza, un voto». Así, casos como este del impuesto de las hipotecas aumentan la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones, porque refuerzan la idea, alimentada y aprovechada por los populismos de todo cuño, de que no somos todos iguales ante la ley, sino que vivimos en una plutocracia con una fachada democrática en la que don Dinero nos ha hurtado la soberanía y, como en el casino, la banca siempre gana (o casi siempre).
(Publicado en el diario HOY el 21 de octubre de 2018)