El pasado miércoles, el Congreso fue escenario de otro espectáculo rufianesco, de esos que no hacen afición sino desafección hacia los políticos, que convirtió la sesión de control al Gobierno en una sesión de descontrol. El protagonista, cómo no, fue Gabriel Rufián, que acabó expulsado del hemiciclo por la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, tras tildar a su antagonista en el sainete, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, de racista, indigno y ‘hooligan’, entre otras lindezas. La mojiganga terminó con Borrell acusando a otro diputado de ERC, Jordi Salvador, de lanzarle un escupitajo cuando toda la bancada de Esquerra, haciendo piña con Rufián, abandonaba la Cámara Baja, aunque el VAR no pudo confirmar el salivazo; a lo más, el amago.

Al joven e irreverente escudero del quijotesco profesor Tardà alguien debería explicarle la regla del tres de la comedia, porque, a fuerza de repetirlos ‘ad nauseam’, sus gags no hacen ni puñetera gracia. Rufián será su señoría pero está muy lejos de tener señorío. Empeñado en hacer honor a su apellido, le gusta ir de malote, del chulito de la clase, pero no deja de ser ese niño que no deja de joder con la pelota al que canta Serrat. Sus maneras tabernarias y su pose de perdonavidas desacreditan su discurso y hacen un flaco favor a su partido. Como ha dicho Pablo Iglesias, «el estilo político parlamentario ‘rufianista’ quizás no sea en estos momentos la táctica más sensata» y también sospecho con el líder de Podemos que «esto lo piensan muchos independentistas, aunque mantengan prietas las filas». La dirección de Esquerra es consciente de que las macarradas de Rufián no ayudan a mantener los frágiles puentes con los socialistas y dan munición al PP, Ciudadanos y Vox.

Pero mientras Rufián hacía de las suyas en el Congreso, en el Senado se perpetraba una rufianería mucho peor que quedó en un segundo plano: la aprobación definitiva de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Esta incluye un artículo, el 58 bis, que permitirá a los partidos políticos hacer lo que no permite a las empresas: rastrear las redes sociales y las páginas web para recopilar datos personales de los ciudadanos como el número de teléfono, la dirección de ‘email’ y aquellos relativos a sus opiniones políticas, a fin de, sin su consentimiento previo, enviarles al móvil propaganda electoral (‘spam’) a través de ‘sms’, WhatsApp, correo electrónico u otros sistemas electrónicos de mensajería.