En ‘La política como vocación’, Max Weber distingue entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. El político que se guía solo por la primera persigue el bien y no tiene en cuenta las consecuencias; la buena intención es lo único que cuenta, aunque sea peor el remedio que la enfermedad. En cambio, el político que se orienta conforme a la segunda tiene en cuenta las consecuencias de sus acciones, lo que conlleva, en muchas ocasiones, tener que elegir el menos malo de los males, el que menos perjuicios causa.

Para el pensador alemán, ninguna ética del mundo puede eludir el hecho de que para conseguir fines «buenos» hay que contar en muchos casos con medios moralmente dudosos o peligrosos y que pueden tener consecuencias colaterales moralmente malas. Pero, a su juicio, ninguna ética del mundo puede resolver tampoco cuándo y en qué medida quedan «santificados» por el fin moralmente bueno los medios y consecuencias colaterales moralmente dudosos o peligrosos.

Como dice Giovanni Sartori, la moralidad debe contemplar ambas éticas. Sin buenas intenciones, sin convicciones, la ética no existiría. Mas sin el control de los efectos y consecuencias de nuestras acciones, la ética es autodestructiva, «perjudica a todos y no le sirve a nadie». El politólogo italiano subraya que «un aspecto de la cuestión que no suele considerarse es el de quién paga los costes».

Es, por ejemplo, el dilema que se le plantea al Gobierno con la venta de armas a Arabia Saudí. El Ministerio de Defensa había anunciado la anulación de la venta a la monarquía absolutista de 400 bombas de precisión a sabiendas de que serán utilizadas contra la población civil en la guerra de Yemen. Sin embargo, molesto por este anuncio, el reino teocrático ha amenazado con suspender la compra de cinco corbetas a la empresa pública española Navantia. El chantaje saudí ha obligado al Ejecutivo de Sánchez a plegar velas y rebajar a simple «declaración de intenciones», la decisión de la ministra Robles. Ahora busca una decisión intermedia, pero se antoja muy difícil. Con lo que deberá elegir entre perder un jugoso contrato de más de 1.800 millones de euros que garantiza trabajo a 6.000 personas en los astilleros de Cádiz o vender armas a un país que las esta usando para cometer crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos.