Montesquieu, el padre reconocido de la separación de poderes, no solo está muerto, como sentenció Alfonso Guerra hace lustros, sino que sigue enterrado y bien enterrado. Al menos en España, donde el espíritu del barón francés aún palidece ante la alargada sombra de Franco y la Santísima Trinidad potestativa es más formal que real. Para muestra, dos botones. El primero, el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, entre los aún dos grandes partidos del país, con la connivencia de Podemos, que de querer asaltar los cielos ha pasado a arrastrarse por el fango de la ‘realpolitik’. El segundo, la intención de Pedro Sánchez de gobernar, hasta agotar la legislatura, a golpe de decretazo si, como parece, no logra que las Cortes aprueben sus presupuestos para 2019.

Ambos hechos corroboran que los poderes legislativo y judicial más que controlar al ejecutivo están subordinados a él. También confirman que socialistas y populares aparcan sus riñas de gatos cuando toca distribuirse cargos. Por tanto, fue un paripé la ruptura de relaciones entre Sánchez y Casado después de que el líder del PP acusara al presidente del Gobierno de ser «partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España», en alusión al ‘procés’.

El pacto de PSOE y PP para repartirse los vocales del CGJP y poner al frente al magistrado Manuel Marchena ha soliviantado a la judicatura, que tiene una razón de peso más para hacer huelga el día 19. Es más, asociaciones de jueces como la Francisco de Vitoria (AJFV) han anunciado que recurrirán la designación de Marchena y la elevarán hasta la justicia europea, si es necesario. «Ya es hora de que se cumpla la legalidad de una vez por todas», ha dicho Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, que ya recurrió la elección del actual presidente del CGJP y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en 2013, tras muñir el bipartidismo una componenda similar. Entonces, como ahora, la AJFV consideraba que tamaño «cambalache» político implicaba una «injerencia» de los partidos y del Gobierno en el Poder Judicial. Sin embargo, el Supremo rechazó su recurso al estimar que «la voluntad libre de los vocales que votaron a favor no puede ponerse en duda a causa de la teórica existencia de tratos previos».