En este mundo al revés nos gobierna un partido que se llama popular pero que no va de frente sino por detrás ni, siguiendo a Abraham Lincoln, practica un «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», sino «del 1 %, por el 1 % y para el 1 %» de la población, que diría el nobel de Economía Joseph Stiglitz.

Ese gobierno ‘popular’ profesa una opción preferencial por los ricos y practica un socialismo a la inversa que socializa las pérdidas de la banca privada y privatiza los beneficios de los servicios públicos.

Ese gobierno ‘popular’ exige solidaridad a todo el pueblo para con el pobre rico que poseyó lo que no tenía y no tiene piedad con el pobre que se creía rico por tener lo que no poseía.

Ese gobierno ‘popular’ mima a los de arriba, al 1 %, y sobrecarga con impuestos y ajustes de cuentas a los de abajo y los del medio, al 99 % restante.

Ese gobierno ‘popular’ nos mete la mano en los bolsillos para rescatar raudo a don Dinero, mientras se lava las manos cuando este poderoso caballero, lejos de perdonar nuestras deudas como nosotros se las hemos perdonado, deja sin techo a los deudores embaucados por la diosa fortuna.

Ese gobierno ‘popular’ consiente que la ley ampare al fuerte, como la de desahucios, que, según la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, vulnera una directiva comunitaria al no proteger como es debido a los consumidores; porque no permite paralizar un desahucio si el afectado denuncia una cláusula abusiva en la hipoteca, sino que este “debe soportar indefenso la ejecución hipotecaria, con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad y el desalojo”. Solo después, ya en la calle y sin solución, “está legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios” contra el banco.

En consecuencia, nuestros jueces están atados de manos para impartir justicia social. Por eso, hartos de ser meros “cobradores del frac” al servicio de los bancos, claman “humanizar” la ley hipotecaria, de modo que se les dé más margen de maniobra para parar los abusos usureros de los Shylock de turno. También proponen transferir al cliente sobreendeudado parte de las ayudas que la banca recibe del Estado y buscar soluciones “que repartan las cargas sociales derivadas de la crisis económica y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”.

Pero ha tenido que llegar la sangre al río, que suicidarse una mujer en Baracaldo y un hombre en Granada, para que ese gobierno ‘popular’ accediera a negociar con los oportunistas socialistas -cuya paciencia con los bancos era “infinita”, ¿verdad, José Blanco?, cuando ocupaban la Moncloa- reformas legales para frenar las ejecuciones hipotecarias (350.000 desde que comenzó la crisis). Veremos si tal chalaneo no queda en un brindis al sol como el Código de Buenas Prácticas, que los bancos pueden aplicar voluntariamente y solo a unos pocos, los pobres de solemnidad.

El drama de los desahuciados es una parábola del que sufre toda España. La política de manga ancha con el 1 % y austeridad y rigor extremos con el 99 % está arruinando al país y empujándolo a la suspensión de pagos o, peor, al suicidio.

(Publicado el 11/11/2012 en el diario HOY)