Amnistía judicial
El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un tirón de orejas al Gobierno de Rajoy por la amnistía fiscal que aprobó en 2012. El guardián de la Carta Magna ha anulado la medida de gracia concedida por decreto a los defraudadores que afloraron dinero negro que guardaban en paraísos fiscales o bajo un colchón de plumas de ganso a cambio de tributar solo un 10% de lo declarado, que al final se quedó en un 3%. Considera que vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto ley cuando las medidas aprobadas afecten a los deberes consagrados en el Título I, como es el «de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos» (artículo 31.1).
No obstante, además de fallar contra la forma de la amnistía, los sumos magistrados arremeten contra el fondo, al advertir que sus perpetradores, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la cabeza, «en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica». En plata, el fin (la reducción del déficit) no justifica los medios (la amnistía), que, para más inri, poco ayudaron a lograr dicho fin, pues solo reportaron al erario público 1.200 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto. De esta forma, subrayan, se legitima como una opción válida «la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir». O sea, se avala que todos no somos iguales ante la ley ni ante Hacienda.
Todo lo contrario. El dejar impunes a esos golfos apandadores y a sus cómplices monclovitas aumenta la inseguridad jurídica, pues de facto se les indulta o amnistía. Como dice el filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais en ‘¡Democracia!’, el defraudador es «el parásito que burla a su vecino» y «una fuerza política que no lleve a cabo una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal es enemiga de la democracia». Y advierte: «Toda violación o atenuación del principio de legalidad desfigura y pone en mora la democracia». Porque en la democracia la ley es el poder de los sin poder y el Gobierno que la incumple abusa del poder.
(Publicado en el diario HOY el domingo 11 de junio de 2017)