No cabe duda de que Carles Puigdemont y sus consejeros, así como la presidenta del ‘Parlament’ y demás miembros de la Mesa de la Cámara catalana, cometieron más de un delito durante el cacareado proceso que culminó el 27 de octubre con la más esperpéntica que solemne proclamación de la república independiente de Cataluña. Lo que sí resulta más que dudoso es que cometieran algunos de los graves delitos que les imputa el fiscal general del Estado, como el de rebelión, que requiere violencia.
Lo duda hasta el propio Supremo, que investiga a Carme Forcadell y al resto de la Mesa. El alto tribunal enmendó la plana a José Manuel Maza y sugirió que más que rebelión pudieron haber cometido, si acaso, «conspiración para la rebelión», castigado con menos años de cárcel. Además, dio una semana más a los abogados para preparar sus defensas y solo exigió a los acusados un número de teléfono donde estuvieran localizables.
En cambio, la juez de la Audiencia Nacional que lleva la causa contra los ‘consellers’ cesados se mostró más papista que el Papa, hizo suyos los argumentos de Maza y, tras tomarles declaración, envió a la cárcel a los nueve que no huyeron con el ‘president’ a Bélgica. Para todos ellos decretó prisión incondicional, salvo para el «traidor» Santi Vila, para el que fijó una fianza de 50.000 euros, al valorar que se bajó del tren del ‘procés’ antes de que se estrellara. Alega Carmen Lamela para imponerles tan dura medida cautelar que existe riesgo de fuga, «pues algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido». Sin embargo, si no volaron es porque, al contrario que los pájaros emigrados a Bruselas, decidieron tener la vergüenza torera de asumir las consecuencias de su desobediencia a las leyes.
Con el encarcelamiento de más de la mitad del Govern, el independentismo ya tiene los mártires que quería para alimentar su relato victimista cara a las elecciones del 21-D, para dejar en entredicho la imparcialidad del sistema judicial y la división de poderes en España. Un cuento que ya le ha comprado parte de la prensa anglosajona. Una prensa que ha sacado a pasear el fantasma de Franco para poner bajo sospecha nuestra «joven» democracia, queriendo insinuar con su juventud que aún es inmadura y endeble.
Con esta munición y el atrincheramiento de Puigdemont en Bruselas a lo Pinochet en Londres, los soberanistas van ganando la batalla del relato, porque han logrado internacionalizar el conflicto catalán, que se hable de él, bien o mal, pero que se hable, allende los Pirineos, hasta en el Senado de EE UU.
En tiempos de tribulación es más necesaria la sofrosine de la que ha hecho gala el Supremo que la severidad extrema mostrada por Lamela. Es necesario que la Justicia haga más uso de la balanza que de la espada y siga algunos de los consejos que don Quijote da a Sancho Panza antes de que fuese a gobernar la ínsula Barataria. El primero, «cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo». El segundo, «si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia». Y el tercero, «cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún enemigo tuyo, aparta las mientes de tu injuria, y ponlas en la verdad del caso».
(Publicado en el diario HOY el 5 de noviembre de 2017)