Amordazados
Semana trágica para la libertad de expresión en nuestro país. En menos de 24 horas, el artículo 20 de la Constitución recibió tres jarros de agua fría. El primero, la condena a tres años y medio de prisión al rapero Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas reiteradas al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, a través de las letras de 16 de sus canciones. El segundo, el secuestro ordenado por una jueza del libro ‘Fariña’, de Nacho Carretero, una crónica negra del narcotráfico en Galicia. Y tercero, la retirada de ARCO de la obra ‘Presos Políticos’ de Santiago Sierra.
Las tres controvertidas decisiones han provocado el ‘efecto Streisand’ y han otorgado una publicidad gratuita e impagable a las tres obras en cuestión. No obstante, no es oro todo lo que reluce y la libertad de expresión ha sido malherida. Porque el secuestro judicial de ‘Fariña’ puede abrir la puerta al secuestro judicial de cualquier obra o investigación periodística molesta para el poder. Y porque la condena de Valtonyc es para que se echen a temblar compañeros de escenario de lengua fácil e incluso periodistas verborreicos como Federico Jiménez Losantos o de pluma afilada y ponzoñosa como Salvador Sostres. Muchos pueden pensar que las palabras de estos como las letras de Valtonyc las carga el diablo y son más que de pésimo gusto, pero de ahí a que merezcan pena de cárcel va un abismo, el mismo que separa la democracia de la dictadura o de ‘democraduras’ como la Rusia de Putin o la Turquía de Erdogan.
Con la reforma del Código Penal y la ‘ley mordaza’ perpetradas por el Gobierno de Rajoy en la mano, el filósofo John Stuart Mill, defensor durante toda su vida de herejes, apóstatas y blasfemos y de «la más completa libertad para profesar y discutir (…) toda doctrina, por inmoral que pueda ser considerada», sería condenado a prisión por declarar, como declaró, que la guerra era mejor que la opresión, o que una revolución que matara a todos los hombres con una renta superior a 500 libras al año mejoraría grandemente las cosas, o que el emperador Napoleón III de Francia era el más vil de los humanos; o cuando habló en la Cámara de los Comunes en favor de los asesinos fenianos.
Clama también al cielo de Estrasburgo que sigamos teniendo en el Código Penal una figura que contradice el Convenio Europeo de Derechos Humanos: el delito de injurias al Rey. Como advierte el catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren en ‘El País’, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «reitera que este tipo de instituciones (la jefatura del Estado) no puede tener una protección agravada respecto a las personas ordinarias». Ello, sin ir más lejos, contraviene el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Pero ya se sabe que nuestros gerifaltes y sus factótums solo se acuerdan de la Carta Magna para esgrimir contra los «enemigos de la patria» los artículos 2, 135 y 155.
Con todo, lo más preocupante es la decisión de Ifema. Es un síntoma alarmante de que vivimos en el «Estado totalitario realmente eficaz» del que hablaba Aldous Huxley, una sociedad de autocensurados y autoexplotados, esa sobre la que Mill alerta en ‘Sobre la libertad’, esa que «puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas, ya que, si bien de ordinario no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma».
(Publicado en el diario HOY el 25 de febrero de 2018)