Populismo penal
El populismo está contagiando a la justicia española, desequilibrando su balanza y afilando su espada. El jurista dominicano Eduardo Jorge Prats define el populismo penal como la estrategia desplegada por los actores políticos y funcionarios del sistema penal para, con el pretexto de combatir la inseguridad y el crimen, crear en la conciencia ciudadana la necesidad de aplicar medidas de mano dura, como un aumento de las penas y los tipos penales (de lo considerado delito), aun a costa de reducir las garantías constitucionales frente a los abusos del poder.
Fruto agrio de ese populismo es la reforma del Código Penal aprobada por el PP en 2015, que incluye la prisión permanente revisable –oxímoron eufemístico bajo el que se camufla la cadena perpetua– y amplía los delitos de terrorismo. Agarrándose a ella, la Fiscalía acusa de delitos de lesiones y amenazas terroristas a los ocho jóvenes juzgados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra). Y solicita de 50 a 62 años de prisión para siete de ellos, equiparando una agresión a un tiro en la nuca.
Lo de Alsasua no fue una mera pelea de bar como alegan las defensas, pero tampoco terrorismo. Fue una paliza comparable a la que unos matones ultras propinaron a unos manifestantes el pasado 9 de octubre en Valencia. Sin embargo, a esos nazis se les imputa delitos de odio por motivaciones ideológicas, lesiones, daños y desórdenes públicos y se les investiga por asociación ilícita. Afrontan así penas que suman poco más de 15 años de prisión como máximo. Su cabecilla, ‘el Alfarrasí’, está en libertad provisional. En cambio, tres de los acusados de Alsasua llevan más de 500 días en prisión preventiva.
Entre rejas también siguen nueve de los dirigentes independentistas catalanes procesados por rebelión (castigado con hasta 25 años de cárcel) y malversación (penado con hasta ocho años) por el juez Pablo Llarena. Mas la justicia alemana ha abochornado a la española al negarse a extraditar a Puigdemont por rebelión al no apreciar violencia en el ‘procés’. Para más inri, Montoro ha dejado en evidencia al magistrado del Supremo al negar que se utilizara dinero público el 1-O.
Es incuestionable que el ‘expresident’ y compañeros mártires cometieron más de un delito, pero es más que cuestionable que cometieran los que les imputa Llarena. La contumacia de su señoría en mantener una acusación cogida con alfileres es un ejercicio de populismo punitivo cara a aplacar el revanchismo del nacionalismo español y que alimenta el victimismo de los separatistas y les carga de diabólicos argumentos para poner en duda nuestro Estado democrático de Derecho. De momento, han logrado internacionalizar su causa y amenazan con llevarla hasta el Tribunal de Estrasburgo, que ya nos ha sacado los colores más de una vez, como cuando dio la razón a la etarra Inés del Río y tumbó la ‘doctrina Parot’ por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Decía Montesquieu que «no existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia». En ‘De los delitos y las penas’ (1764), pilar del Derecho penal moderno, su admirador Cesare Beccaria sostiene que lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena sino la inexorabilidad de la justicia. Y advierte que las penas deben ser iguales para todos los ciudadanos y proporcionales a la gravedad de los delitos; si todas son igual de rigurosas, el delincuente cometerá siempre el delito mayor.
(Publicado en el diario HOY el 22 de abril de 2018)