Hoy hemos conocido la letra pequeña de la reforma de la Administración Local que presentó el Gobierno el pasado viernes. En cuanto al sueldo de los alcaldes, pocas novedades que se puedan destacar a lo que ya escribí en mi anterior entrada en el blog.
Lo más relevante desvelado hoy, a mi juicio, tiene que ver con la intervención de los municipios que no sean solventes. La ley concreta que serán solo las localidades de menos de 5.000 habitantes las que podrían pasar a ser controladas por las Diputaciones si no aprueban una “evaluación” económica.
En primer lugar hay que señalar que esto afectaría al 91% de los municipios extremeños. Serían los 136 pueblos de la provincia de Badajoz y los 211 de la de Cáceres que no llegan a los 5.000 vecinos censados, según el último padrón de 2012 (sólo 35 localidades superan ese censo en Extremadura).
Requisitos para ser intervenido
Según el borrador (http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2013/Documents/ALRASOAL.pdf) un municipio puede ser intervenido si:
Para muchos ayuntamientos sería imposible pasar estos requisitos actualmente. De hecho, si la reforma estuviera hoy en vigor, las localidades cacereñas de Campillo de Deleitosa, Herguijuela, Valdecañas de Tajo y Cabañas del Castillo pasarían a ser controladas directamente por la Diputación provincial, ya que no han informado de sus cuentas al Ministerio de Hacienda los dos últimos ejercicios (2010 y 2011). Además, otras 6 localidades de ambas provincias (La Parra, La Roca de la Sierra, Cañamero, Ibahernando, Millanes y Salorino), que no presentaron la liquidación de sus presupuestos en 2011, deberían haber presentado sus liquidaciones de presupuestos de 2012 para evitar este año una hipotética intervención. Más les vale a todos ellos ponerse al día y cumplir para evitar problemas a partir de 2014, cuando la reforma pase a convertirse en Ley.
¿Qué supone la intervención de una localidad por la Diputación?
La Diputación provincial debe aprobar la intervención de un municipio por mayoría absoluta. Una vez obtenida, toma el control total de la gestión del consistorio. Esto supone decidir sobre el presupuesto y obtener todas las competencias. Además, los trabajadores del ayuntamiento deben acatar las órdenes que lleguen desde la administración provincial. Mientras que dura la intervención, ninguno de los miembros de la corporación municipal recibirá retribución alguna.
El ayuntamiento volverá a tener autonomía cuando cumpla todos los requisitos de solvencia y estabilidad presupuestaria.