La declaración de impacto medioambiental negativa del Ministerio de Agricultura publicada el año pasado se convirtió en el punto de no retorno hacia el final definitivo de Refinería Balboa S.A.
Hasta entonces, habían pasado nueve años desde que el ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra anunciara la intención del Grupo Gallardo, dirigido por Alfonso Gallardo, el empresario más importante de Extremadura, de instalar una refinería en la localidad pacense de Los Santos de Maimona.
Inmediatamente surgieron las dudas sobre la viabilidad de un proyecto que suponía la construcción de una refinería de interior, cuando estratégicamente es mucho mejor hacerla en la costa. Para transportar el crudo se tendría que construir incluso un oleoducto hasta Huelva.
Para acallar esas dudas, no se tardó mucho tiempo en hacerse públicos los socios inversores. Caja Madrid, BBVA, Iberdrola, Caja de Extremadura y el apoyo de la Junta de Extremadura a través de la empresa pública de participaciones industriales, entonces SOFIEX (ahora AVANTE). El Gobierno regional aportaría 10 millones de euros para hacerse con el 40 por ciento del accionariado. Así, junto con las acciones del Grupo Gallardo se aseguraba el control extremeño de la empresa.
Pues bien, ahora todos ellos han dejado oficialmente de formar parte del consejo de administración de Refinería Balboa S.A. El Boletín Oficial del Registro Mercantíl publicaba la semana pasada el cese/dimisón de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX); de Víctor Bravo, representante de Caja de Extremadura; de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial de Caja Madrid; Manuel Delgado Solís, directivo de ACS; y Álvaro Aresti, directivo de BBVA.
Este anuncio se publica el 3 de octubre, pero la salida de todas estas empresas se produce durante el verano. De hecho, el 5 de agosto se comunica la decisión de la junta general de accionistas de Refinería Balboa de proceder a una reducción de capital social en la cantidad de 8.500.000 euros para la “devolución de aportaciones”; así se amortizaba las aportaciones de los ex socios de la refinería, quedando un capital social de 41.500.000 euros. Todas las acciones, por lo tanto, quedan ya en manos del Grupo Gallardo.
La salida de la Junta extremeña se ha hecho además con la obligación de Gallardo de devolver a las arcas públicas los 10 millones de euros que el empresario había recibido de SOFIEX. Una liquidación que, tras un acuerdo con el Ejecutivo regional, se hará en varios pagos durante 12 años “por las dificultades por las que pasa el Grupo”, según las propias palabras de la Vicepresidenta del Gobierno extremeño.
Iberdrola dejó el accionariado en 2011.
Sobre el trámite administrativo actual de la Refinería Balboa, tras la DIA negativa, ahora solo falta el refrendo del Ministerio de Industria. De momento, el Grupo Gallardo ha alegado la decisión de Agricultura y se muestra “convencido de que aún se puede encauzar el proyecto si hay voluntad política”, se asegura en la última nota de prensa que sobre la refinería Balboa hizo público el grupo jerezano en marzo.