Menos deuda municipal
Tal vez no hayan reparado en una noticia que publicó Hoy hace unos días sobre la deuda de los ayuntamientos (“Cerca de 200 municipios extremeños acabaron el año pasado sin deuda con los bancos”, decía el titular), pero es más importante de lo que parece. En estos tiempos en los que la deuda del conjunto de las administraciones públicas sigue creciendo sin descanso, es preciso poner de relieve que las administraciones locales continúan esforzándose por ir en sentido contrario y tener una situación económica cada vez más saneada.
Al cierre del año pasado, los ayuntamientos extremeños tenían pendiente con los bancos una deuda de 230 millones de euros. Con respecto al año anterior se ha reducido en 21,3 millones, un 8,5%. Y si se compara con finales de 2013, cuando se alcanzó el mayor nivel de deuda (323,5 millones), la caída ha sido de un 28,9% en tan sólo cuatro años. Gracias a ello, los ayuntamientos extremeños cerraron 2017 con la cifra más baja de la última década, que es el periodo en el que Hacienda viene publicando datos detallados.
Como resultado, son ya 196 los consistorios extremeños que carecen de deuda bancaria (190) o deben menos de 500 euros (6), en contraste con los 110 que había en 2008. Es curioso ver que hay 67 municipios, todos ellos de pequeño tamaño, que llevan al menos diez años sin endeudarse o cerrando cada año sin deuda.
Entrando en detalle, la clasificación de los ayuntamientos extremeños con mayor volumen de deuda bancaria está encabezada, como en años anteriores, por Mérida (41,4 millones), Plasencia (37,2 millones), Cáceres (23,3), Almendralejo (21,5) y Badajoz (16,6). Junto a Don Benito (3 millones), son las ciudades con mayor población de Extremadura.
Sin embargo, si se pone en relación el nivel de deuda con el tamaño del municipio, la clasificación es bien distinta. De acuerdo con este cálculo, el municipio extremeño con mayor deuda por habitante es Hinojosa del Valle, con casi 6.700 euros, seguido por Santa Marta de Magasca (3.178), Plasenzuela (2.671), Madroñera (1.815) y Villamesías (1.440).
Lejos de estas cifras, y analizados en conjunto, los ayuntamientos extremeños deben una media de 212,95 euros por habitante, menos de la mitad que la media nacional, que se ha situado en 509,54 euros. La de aquí es la sexta cifra más baja de entre todas las comunidades autónomas, en contraste con los 852,41 euros de Madrid o los 821,34 de Aragón, que son las regiones en cabeza. Es decir, los consistorios extremeños presentan un nivel medio de deuda bastante aceptable dentro del panorama nacional.
Hay que tener en cuenta también que el volumen de deuda municipal queda muy lejos del que presentan las comunidades autónomas (aunque en ello tiene mucho que ver el diferente reparto de competencias). Los 230 millones de deuda bancaria de los ayuntamientos extremeños apenas equivalen al 5,2% de los 4.401 millones que debía la administración autonómica a finales del año pasado (4.075 euros por habitante).
Es muy probable que a finales de este año se consiga otra notable reducción de la deuda local, puesto que ayuntamientos como Badajoz o Mérida han aprobado recientemente destinar importantes partidas a amortizar préstamos bancarios.
Es verdad que esta buena evolución de la deuda municipal viene forzada por los exigentes objetivos y requisitos de estabilidad presupuestaria impuestos a los ayuntamientos, que desde 2013 están obligados a no incurrir en déficit y a destinar el superávit a reducir su nivel de endeudamiento o, como mucho, a desarrollar inversiones financieramente sostenibles. Pero no por ello hay que restar mérito a los ayuntamientos, puesto que ajustar los gastos a los menores ingresos que ha dejado la crisis (aunque ya se recuperen), minimizando el impacto en los servicios públicos, supone un esfuerzo que ha de ser reconocido. Si ello ha servido para poner fin al derroche y a las grandes obras sin sentido e insostenibles realizadas por algunos municipios, hemos salido ganando.
A menudo, los ciudadanos no somos conscientes de que la deuda pública es dinero prestado que habrá que devolver y que, por tanto, se traducirá en impuestos más adelante. Cuanto más crezca la deuda, más impuestos habrá que exigir en el futuro para amortizarla y pagar sus correspondientes intereses, y menos capacidad habrá para destinar el gasto a otros asuntos. De ahí que atajar el déficit sea tan necesario, no sólo en los ayuntamientos, sino en todas las administraciones públicas.