En caso de agresión física, los empleados públicos dispondrán de un teléfono especial (902 42 56 27) al que poder llamar y en el que tendrán a su disposición  a un abogado para informe del alcance de los derechos que, con carácter general, le asisten y la mejor manera de defenderse.

Esta iniciativa la ha puesto en marcha el Ministerio de Empleo para todos los trabajadores del Servicio de Empleo Público Estatal  (SEPE) destinados en las oficinas en las que se gestionan las prestaciones por desempleo. No hay que olvidar que en estos centros se atienden diariamente a personas que, en muchos casos, se encuentran en situaciones desesperadas por estar en paro o carecer del derecho al cobro de prestaciones o subsidios.

Además, el Gobierno también ha habilitado una póliza de seguros colectiva, para estos trabajadores del SEPE, que garantice su defensa jurídica en situaciones de agresión verbal o física en su actividad diaria. Así, los afectados dispondrán de asistencia letrada específica garantizando los gastos judiciales y las reclamaciones de daños y perjuicios ante daños corporales, insultos, amenazas, intimidaciones o coacción, daños materiales al vehículo de su propiedad o perjuicios patrimoniales.

Aunque en un principio estos protocolos de ayuda se hayan puesto en marcha para los empleados públicos del Ministerio de Empleo desde el Gobierno se apunta a que se está trabajando para extender la medida al conjunto de todas las administraciones públicas, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas ha ido en aumento.

Las principales causas de los incidentes, según datos del propio Gobierno, son la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdo con la información recibida por el funcionario, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa.

Es de destacar que las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52 por ciento frente al 36,5 de los hombres) porque son mayoría en la plantilla. Además,  Empleo da cuenta de nuevas  situaciones que hasta ahora no se habían dado como la grabación por móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales o la realización de amenazas por dichas redes.

En definitiva, hay que tener en cuenta que los funcionarios trabajamos de cara al público y estamos pagando los platos rotos del “cabreo” y la tensión de muchos ciudadanos por culpa de la situación económica. No hay que olvidar  que los empleados públicos hemos sido objeto de una campaña de desprestigio, de una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente y ante la opinión pública de ser los causantes  de la recesión, poniéndose en cuestión nuestro trabajo.