Los ayuntamientos que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y techo de gasto podrán ampliar su plantilla de funcionarios, en caso de requerir nuevos efectivos, con hasta un 8 por ciento de su tasa de reposición.  Un porcentaje que se elevará hasta el 10 por ciento en el caso de aquellos consistorios que  tengan su deuda financiera amortizada.

Una medida que el Gobierno central ha incluido en el documento  que ha firmado con Unidos Podemos para los próximos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) siempre que se aprueben en el Congreso de los Diputados.

Los municipios que no hayan cumplido con los objetivos de estabilidad, deuda o techo de gasto solo podrán aumentar sus funcionarios en un 5 por ciento sobre su tasa de reposición en los servicios municipales que determinen que sean necesarios.

Así, según el documento del Ejecutivo, con el incremento de la tasa de reposición buscan que los ayuntamientos puedan “recuperarse de las restricciones que han sufrido” durante la crisis. Es decir, podrán reemplazar a todos los funcionarios que dejen o hayan dejado su plaza, vacantes y jubilaciones.

Además, los consistorios podrían alcanzar también una tasa de reposición del 100 por ciento en aquellos sectores prioritarios como pude ser policía local sean o no sean cumplidores con la totalidad de la estabilidad presupuestaria.

Jubilación de unos 150 policías locales en Extremadura

En este sentido, si el Gobierno aprueba el próximo mes de enero el decreto que permitirá la jubilación de los policías locales con 59 años muchos ayuntamientos extremeños se encontrarán sin agentes de policía. De esta forma desde la Junta y desde las centrales sindicales se apuesta por una convocatoria unitaria de oposiciones para todos los ayuntamientos de la región ya que la cifra de vacantes oscilaría, según los sindicatos, sobre las 150 plazas necesarias por jubilaciones anticipadas.

Eso sí, para que esta convocatoria conjunta pudiera realizarse a nivel regional, los ayuntamientos deberían “ceder” competencias a la Junta según ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta, Begoña García.

Según los datos que maneja Bernal, si se aprueba el decreto, en 2019 un total de 301 policías locales extremeños cumplirían los 59 años y podrían jubilarse, de los cuales 135 tendrían los 36 años de cotización a la Seguridad Social.

Estas jubilaciones anticipadas podrían, según  la consejera de Medio Ambiente y Rural provocar una situación “complicada” para los municipios de Extremadura, al tiempo que ha recordado que la competencia sobre la Policía Local es municipal y, por ello, los ayuntamientos deberían dar su “consentimiento” para que la Junta convocase oposiciones.