La seguridad de los funcionarios de prisiones, pendientes del cambio de ley
El bloqueo político está dejando pendientes de aprobación muchos asuntos relacionados con los empleados públicos. Además del incremento de los salarios del 2% para el próximo año hay un asunto que no es menos importante, afecta a los trabajadores de los Centros Penitenciarios y es la reforma integral de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Una reforma que es necesaria para reforzar la autoridad y la seguridad de los funcionarios de prisiones a los que hay que reconocer la condición de agentes de la autoridad para poder hacer frente a la violencia, cada vez más extrema, que se está produciendo en muchas prisiones estatales.
En este sentido, se debería incluir en el nuevo texto un endurecimiento de las sanciones a los presos que delinquen y que actúen de forma violenta. Es necesario introducir medidas destinadas a incrementar la protección de estos funcionarios frente a las eventuales agresiones por parte de los internos.
En 2018 se intentó dar una respuesta a este problema mediante una proposición no de ley, ahora pendiente de tramitación, que avalaron en el Congreso de los Diputados los grupos Socialista, Popular y Ciudadanos.
La Ley Penitenciaria actual tiene ya cuarenta años por lo que requiere una actualización a la realidad actual que se vive en las cárceles españolas. Como dato, las prisiones extremeñas han registrado los últimos cuatro años 40 actos violentos de los internos hacia los funcionarios.
Lo peor y ya habitual es que estos sucesos no tengan consecuencias penales para los agresores, ya que los funcionarios de prisiones no son agentes de la autoridad a efectos laborales, consideración esta que, paradójicamente, sí tienen los sanitarios y docentes que trabajan en el mismo medio penitenciario.
No se debe olvidar que los trabajadores penitenciarios de nuestra comunidad desarrollan su función con un colectivo en el que predominan los comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas, por lo que es necesaria la implementación de medidas destinadas a incrementar la protección de estos funcionarios frente a eventuales agresiones por parte de internos.
Todos los juristas y expertos en esta materia coinciden en que la ley, además de reformas, necesita de medios y profesionales para que se trabaje con eficacia. Precisamente una de las cosas que se echan en falta son cursos de formación para los funcionarios quienes se quejan de que no reciben formación en autodefensa o en resolución de conflictos.