Mejores condiciones para los funcionarios: mejores servicios públicos
Una de las tareas prioritarias para el nuevo gobierno debe ser la mejora de las condiciones laborales y económicas de los Empleados Públicos de todo el Estado como condición previa para la mejora de los servicios públicos que, en algunos estamentos, se han visto mermados por la nula planificación, a largo plazo, desde 2010.
La equiparación salarial efectiva entre todas las administraciones (estatal, autonómica y local), promover la implantación de la jornada laboral de 35 horas y recuperar la estructura salarial previa a la bajada de 2010, son tres de los ejes ineludibles sobre los que debe trabajar el nuevo ejecutivo.
También es necesario un plan de recursos humanos a medio plazo frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir, especialmente en la Administración General del Estado (AGE), debe eliminarse la tasa de reposición y reforzar las plantillas en aquellas administraciones y sectores en
los que sea necesario. En la actualidad, la administración pública arrastra, en general, un déficit de 95.000 empleos. Así, de los 13.620 empleados públicos que trabajan, a fecha de hoy, para la AGE en la región el 60% tiene más de 50 años y el 40% se va a jubilar en los próximos 5 años, con lo que el problema de la falta de personal se va a agravar hasta colocar las plantillas en una situación insostenible y que ha elevado la tasa de interinidad al 25%.
El desarrollo de la Carrera Profesional debe ser objetivo del nuevo gobierno en aquellas administraciones en las que todavía no se ha hecho y que, una vez más, es la que depende directamente del Gobierno central que se ha acomodado a que los miles de empleados públicos del Estado hagan cientos de actuaciones por falta de personal y en condiciones, muchas veces, en precario por la falta de medios materiales. La solución pasa también por agilizar las ofertas de empleo público y la consolidación de las plazas estructurales en las administraciones en las que sea necesario hacerlo.
En materia de igualdad se debe garantizar la paridad y desarrollar los protocolos contra el acoso y la violencia de género. Además, siguiendo la senda marcada por la Junta de Andalucía el permiso de paternidad seria de 20 semanas y no de 16 como se ha establecido para el resto del país. La implantación del teletrabajo, como se está haciendo en Extremadura, es otro de los objetivos a conseguir.