Cuando muchos creíamos que el gobierno de Santos acataría las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- respecto de Petro,  decidió no acatar las recomendaciones hechas por este organismo internacional ya  que de acuerdo al fallo dado por la procuraduría de destituirlo con una sanción de 15 años para no ejercer sus derechos políticos, acabó con los sueños de los votantes que lo eligieron y todo por sus fallas de carácter  legal cometidas en lo relacionado con los contratos que venían desde hace años en la recolección de  las basuras de Bogotá. Seguramente el tiempo y el poder  de los empresarios particulares que no querían perder las prebendas que el Estado les ha dado,  hicieron que pudiera cometer algunos esguinces jurídicos que con el escándalo propiciaron toda esta serie de hechos que provocaron su destitución.  No valió que hubiera recurrido ante el CIDH  ni siquiera que a nivel nacional e internacional su causa fuera apoyada por sus simpatizantes y otras corrientes que creyeron ver en el fallo del procurador más que la sanción a su tras pies, un intento por someterlo a un castigo muy parecido a aquellos que en la época del imperio romano o en organizaciones indígenas en su tiempo aplicaban con el destierro.

Un destierro de carácter político, porque durante todo ese tiempo le impide participar cualquier aspiración política, y porque se homologa a lo que los antiguos ordenamientos jurídicos que tuvo el país cuando a los delincuentes se les negaba el derecho de elegir y de ser elegidos durante el tiempo que estuvieran con la sanción penal.

Y entendiendo que mucho antes de existir la fiscalía como tal, la procuraduría tenía esas funciones de carácter punitivas. Ahora ésta se ha exacerbado más allá de sus atribuciones donde, la colocan en una posición despótica por cuenta de un organismo que debe  ser reformada en estos casos y en otros  parecidos ,  porque ha quedado dentro de esa telaraña de poder donde a los contradictores políticos se les persigue y se les constriñe de manera es purea igual que en las dictaduras.

Un país que se precia de ser uno de los que más ha defendido toda una serie de normativas de carácter internacional, y que incluso en el fallo de la Haya a sabido morigerar sus efectos económicos y políticos sobre San Andrés y Providencia, sin que todavía sepamos en qué va a terminar dicho conflicto planteado por Nicaragua, lo hecho por el gobierno no es más que uno de esos cálculos políticos  donde trata de sobre aguar sus contradicciones con sus antiguos aliados del Centro Democrático y el Partido Conservador para ganar adeptos sin considerar que siendo Colombia uno de los países que ha jugado un papel importante en el desarrollo de esta comisión por haber sido un país aparentemente respetuosos con sus acuerdos y tratados internacionales.

El gobierno aduciendo que el fallo de este organismo internacional que otorgó medidas cautelares en beneficio de lo solicitado por Petro, adujo que los órganos jurisdiccionales estaban haciendo la labor de proteger y hacer que como ciudadano ante la ley pudiera defender sus derechos, denegando la solicitud hecha por que no se trataba de que éste fuera menguado en  sus derechos en su defensa ante la ley, ya que tenía más recursos.

Una persecución que a todas vistas es política y que lo afecta en su intención de participar en otras elecciones de elección popular como si fuera  un vulgar delincuente que deja en entre dicho el fallo de la procuraduría, y que no es como algunos juristas afirman que la comisión en su solicitud era de fondo, donde no lo podía hacer.  Es muy probable que pueda hacer su apelación ante  la corte inter americana de derechos humanos ya que lo que hizo la comisión preliminar no fue de fondo como aducen los que no están de acuerdo con esta decisión gubernamental, si no que afecta unos derechos a los que tiene una persona que funge como alcalde elegido por votación popular, y que hasta ahora no hay un fallo penal de por medio  que a merite su destitución y que no pueda ejercer un cargo público durante quince años.

En fin, una decisión en contra vía con lo que una gran parte de los que creemos que Colombia  ha jugado públicamente en la defensa de los derechos humanos no solo por ser garante, si no porque además se ha venido tejiendo toda una serie de políticas gubernamentales tanto en el ejército y en la policía y en todas las instituciones del estado que van desde las escuelas y colegios y universidades, que en esta decisión además de un vacío institucional corrobora que en este país los gobernantes pueden aducir lo que quieran para ignorar lo que no les conviene.

Es una tradición que viene desde lejos en nuestras instituciones que incluso  personas que ocupando un alto cargo gubernativo ante las denuncias casi que corroboradas y públicas  por la población, no se caen como en otros países donde la democracia impera, y donde sus gobernantes están en la obligación de solicitarles el cargo o que ellos mismos dimitan ante la demostración clara que han estado  infringiendo la ley.

Ni que decir de la alta votación de la Alianza Verde que llegó a los dos millones de sufragantes a favor de la candidatura de del ex alcalde de Bogotá que tal y como lo dicen los medios periodísticos Peñalosa resurge como el “Ave Fenix” de las cenizas, en una alianza con los antiguos sectores que eligieron a Mockus, más el caudal de una serie de votantes que que simpatizan con las corrientes izquierdistas que han visto menguada sus participación electoral por cuenta de esas divisiones de posturas por ideológicas donde los seguidores de Clara López y Aída Abella,  del Polo Democrático y la Unión Patriótica respectivamente, decidieron unirse para  una candidatura conjunta, después que cada uno por su cuenta trató de lograr la elección de sus candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado, y que los apabulló ante la Alianza Verde y los antiguos aliados del gobierno y los simpatizantes de éste.

Todavía recordamos cuando Peñalosa a los que vivimos en Bogotá durante muchos años, de la noche a la mañana con el proyecto del transmilenio también la ciudad vivió una situación caótica e insostenible por que ninguno entendía el porqué a costa de un proyecto la avenida Caracas se convirtió en una vía intransitable durante otro buen tiempo, mientras la ciudad fue acomodándose  a este proyecto que pretendía mejorar las condiciones de la movilización de la ciudadanía y del transporte, mientras  los grandes monopolios privados de los transportadores acababan con los buseteros particulares que no podían sobrevivir ante este nuevo festín por el dominio y monopolio del proyecto que hoy es tal vez lo que mejor muestra a Bogotá, sin que el meollo del asunto haya sido solucionado porque no da a basto con las necesidades apremiantes de una gran ciudad, que en cierta medida es el reflejo del país. En el montaje de este gran proyecto muchos también perdieron, ya que grandes sectores del comercio y de la población se desquebrajaron en los alrededores por donde las rutas que el transmilenio ha tomado , mientras otros properaron tal y como ahora lo vemos con el comercio a gran escala de las grandes multinacionales, los minoristas como los tenderos, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes  han visto menguadas sus aspiraciones económicas y sociales, que a larga todavía no sabemos hasta cuando este legado sea bueno para el candidato de este nuevo partido que comenzó con una buena alcaldía bajo la orientación de Mockus donde nuevas fuerzas políticas quieren emerger como lideradoras de una alternativa ante la reelección de Santos.

Valdría la pena saber en esta encrucijada cuáles serán los que acompañaran a Santos si logra mediante la votación popular una vasta mayoría, o si los seguidores del Centro democrático o los Conservadores en caso de no lograr la mayoría necesaria para ser reelegido se irán a favor de él o en contra.

Es posible que en este sentido sea lo que buscó la decisión del gobierno de no acatar el pedido que hizo el CIDH con sus medidas cautelares a favor de Petro.

La Leyenda del Dorado