Legal o ilegal, la mujer acude al aborto cuando no puede seguir adelante con el embarazo. Por esa razón, debe ser considerado como parte del cuidado de la salud. Tener hijos o no tenerlos es una decisión propia de las mujeres, y no le cabe a la medicina o a las leyes decidir cuándo darles la espalda. Estar en contra del aborto, es estar en contra de la libertad de la mujer.
El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Un aborto que ocurre espontáneamente se conoce como aborto espontáneo.
Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpirlo, se llama aborto inducido. Así pues, el tema a tratar en este artículo es el aborto inducido.
El grupo pro vida, que se sitúa en contra de esta intervención, justifica su postura en la intención de disminuir o evitar la muerte de los embriones. Este grupo, se ha ocupado de mostrar a las mujeres libres como egoístas y hedonistas, que sólo piensan en sí mismas. Sin embargo, esta decisión es libre, y la mayoría de veces, muestra un gran componente de responsabilidad. Se alude a la idea de “respeto de opiniones” en estos casos, pero hay que tener en cuenta que esta idea es solo el punto de vista de un grupo que no acepta las decisiones libres, individuales y morales de las mujeres.
La mirada negativa del aborto debe dar paso a una mirada razonable. Es por ello que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito debe ser un bien social y necesario para el desarrollo y desempeño de la mujer en la sociedad. Aborto es libertad, responsabilidad, tolerancia y autonomía. El derecho a tener hijos debe ir emparejado con el derecho a no tenerlos. Sobre todo, teniendo en cuenta que tener un aborto es menos peligroso que tener un hijo, salvo cuando es ilegal.
Por otro lado, una sociedad democrática, que defiende la libertad y la igualdad, no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir sobre sí misma y su futuro. La búsqueda de igualdad de género, se plasma en la igualdad de oportunidades. La maternidad forzada desequilibra esta situación. Así, las sociedades más igualitarias, ya disponen de aborto legal. El primer paso es asumir que la gestación sea decisión de quien puede hacerlo. Las mujeres deben tener control sobre su vida, lo que incluye el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro.
Debemos tener en cuenta,
que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. El Estado de un país, a través de las autoridades tiene la obligación de respetarlos, prevenir que se violen y garantizar acciones para que se cumplan. Son protegidos por la Constitución y por diversos tratados internacionales. Los poseen todas las personas por el hecho de ser personas, sin discriminar a nadie por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición social. Reconocen el derecho a la alimentación, al estudio, a la vivienda, a la salud y a participar de la vida política. Por tanto, ¿Por qué las mujeres se quedan fuera?
La Organización de Naciones Unidas (ONU), que trabaja para eliminar la discriminación, pidió que los Estados tomaran medidas, con la finalidad de que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos que impliquen riesgo, como abortos ilegales. Se viola el derecho a la salud cuando un Estado empuja a la clandestinidad, cuando no atienden a una mujer en centros de salud o denuncian por ello, cuando obligan a continuar con un embarazo no deseado o les niegan información. Todas estas, son consideradas violencias de género.
De 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% del total) al año, según el nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay que tener en cuenta que ilegalizarlo, no lo impide, simplemente empuja a las mujeres a poner en riesgo su salud con abortos peligrosos o buscar maneras para abortar clandestinamente. Así pues, no garantizar el aborto financiado por la seguridad social, solo restringe la posibilidad de abortar a mujeres sin recursos.
“Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias. Esto no debería pasar. Sin embargo, pese a la evidencia y los recientes avances en materia de tecnología, siguen produciéndose demasiados abortos peligrosos y demasiadas mujeres continúan sufriendo y muriendo”, afirma Bela Ganatra, científica del Departamento de Salud reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS.
ABORTO LEGAL EN ARGENTINA
Después de la aprobación por parte del Congreso, el 11 de diciembre, el Senado ha aprobado el proyecto de ley de aborto legal, con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. Por ende, en Argentina, será legal interrumpir voluntariamente un embarazo, independientemente del motivo. “Lo conquistamos. ¡Es ley!”, apareció escrito en todas las pantallas gigantes instaladas en el país. Con aplausos, lágrimas y largos abrazos, la multitud festejó el desenlace de una larga batalla.
“Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos ir a la
universidad, no nos podíamos divorciar, no teníamos jubilación de amas de casa. Cuando yo nací las mujeres no éramos nadie. Siento emoción por la lucha de todas las mujeres que están afuera ahora. Por todas ellas, que sea ley”, declaró la senadora Silvia Sapag durante el debate, en una síntesis del tono de los discursos verdes. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha presentado año tras año el proyecto. Pero en esta oportunidad era también el Poder Ejecutivo el que enviaba la propuesta. Es la primera que ocurre algo así con respecto a esta cuestión en el país.
La petición fue y es: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Fue encargada por el presidente Alberto Fernández y llegó después de 15 años de lucha de las asociaciones pro aborto, apodadas “Marea Verde”, por el pañuelo verde (símbolo del movimiento). Hasta la aprobación, en el país solo era posible abortar en caso de violación o problemas de salud graves. Sin embargo, a pesar de esto, en muchas regiones no se aplicó cuando fue necesario, o se vio obstaculizada. Una intervención ilegal, significaba sentencia y encarcelamiento.
Las mujeres de los sectores medios y altos se habían realizado abortos en consultorios de profesionales y condiciones de asepsia, mientras que las mujeres de los sectores populares experimentaban intervenciones infames, con trastornos de salud y, con el resultado de incontables víctimas mortales. Aunque la ley argentina admitía causales no punibles, fue necesaria
una acordada de la Corte Suprema de Justicia para que los profesionales de salud actuaran con apego a la ley: asistir a los abortos de las mujeres violadas. A pesar de esto, los protocolos no se extendían a todas las jurisdicciones del país, debido a las oposiciones conservadoras. La fórmula más conocida es la gente que se adhería a objeciones religiosas y al mandato de procreación patriarcal. Con lo cual, hacían lo posible por saltarse la decisión.
“Obligar a una mujer a gestar es una violación de los derechos humanos”, afirmó la senadora oficialista Ana Claudia Almirón. “Sin implementación de educación sexual integral, sin la provisión de anticonceptivos y sin protocolo de interrupción legal del embarazo, las niñas son obligadas a parir a los 10, 11, y 12 años”, denunció Almirón.
“En 2018 no logramos la ley, pero sí concienciar a la población sobre un problema: hoy hay mujeres que están abortando en condiciones de precariedad e insalubridad”, asegura Mariángeles Guerrero, integrante de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. “El aborto dejó de ser un tema tabú que se hablaba por lo bajo y comenzó a ser un tema que debía ser debatido políticamente para garantizar condiciones seguras en las que realizar esos abortos”, agrega.
La presión de grupos religiosos y conservadores para mantener la criminalización del aborto ha sido muy fuerte, pero no ha sido suficiente para repetir el resultado de 2018, cuando el Senado rechazó el proyecto de ley. Con la nueva legislación, Argentina vuelve a situarse en cabeza de los derechos sociales en América Latina. Desde este miércoles, es el primer país grande de la región en permitir que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, como ya hicieron Uruguay, Cuba, Guyana y Guayana francesa. En los demás, hay restricciones totales o parciales.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA: POLONIA
El pasado 22 de octubre el Tribunal Constitucional de Polonia emitió una modificación de la antigua ley del aborto, en la cual, las mujeres no podían abortar por libre decisión, pero en algunos casos, era legal. Sin embargo, se procedió a endurecer todavía más este derecho, al declarar inconstitucional la interrupción del embarazo por malformación fetal, causa del 97% de los 1.110 abortos practicados de manera legal en Polonia el año pasado.
Esto incluye casos con órganos internos fuera del cuerpo, y otras malformaciones, que llevan al bebé a la muerte justo después de nacer y al riesgo de la mujer. No sólo hablamos de riesgos durante el parto, si no de los traumas psicológicos que conlleva parir a un bebé que va a morir al nacer. Esto significa que el gobierno no sólo niega el acceso a la salud pública a las mujeres, si no que inflige un terrible daño contra su salud mental.
La sentencia provocó un estallido social sin precedentes contra el Gobierno ultraconservador polaco y la Iglesia católica, en un país fervientemente creyente. Durante semanas, cientos de miles de ciudadanos salieron
a las calles en plena pandemia para protestar contra la sentencia del Constitucional y la deriva autoritaria de sus dirigentes.
Esta ley tan restrictiva hace que las mujeres busquen soluciones fuera del país. Las organizaciones internacionales que ayudan a estas mujeres sostienen que cada año entre 80.000 y 120.000 mujeres buscan ayuda para abortar en el extranjero. Sin embargo, no todo el mundo puede salir de Polonia. Muchas recurren al aborto farmacológico, el cual provoca vómitos, fiebre, y espasmos estomacales.
La única diferencia entre despenalizar el aborto y no hacerlo son las 150 mujeres muertas por abortos clandestinos cada año. Debemos luchar para que el aborto libre y gratuito sea un derecho.
Mi cuerpo, mi decisión, nuestro derecho