Llega el verano y con él la ‘operación bikini’. Los expertos son unánimes: para perder peso es esencial un cambio de hábitos alimenticios y de vida, no basta con una “dieta milagro” cuyo único argumento es el “a mí me funciona”. También hay que huir de esos productos maravillosos que nos van a hacer adelgazar sin esfuerzo, sin dieta, sin ejercicio y además en poco tiempo. Son un fraude, que además le dan un buen sablazo a nuestro bolsillo y a nuestra salud. Para adelgazar hay que comer menos y mejor y quemar haciendo ejercicio más calorías que las que hemos ingerido. No hay más. El resto es un cuento que nos sale caro.

España es el único país de la Unión Europea que incumple la directiva de tener nutricionistas y dietistas en los hospitales y en Atención Primaria. El ciudadano al final echa mano de la dieta milagro, porque tiene que pagarse el dietista de su bolsillo.

La obesidad  mueve una gran cantidad de dinero y una parte importante se dirige a negocios fraudulentos o al menos dudosos que, además del daño económico que producen, pueden suponer importantes problemas para la salud de quien los prueba.

La obesidad está alcanzando dimensiones de epidemia mundial. Gran número de personas obesas o con sobrepeso intentan poner fin a su situación, ya sea por problemas de salud, estéticos, de autoestima, o una mezcla de ellos. A eso colabora, en gran medida, los patrones de belleza idolatrados por nuestra sociedad. El problema es que muchas de estas personas son víctimas de personas o empresas que unen a su búsqueda de beneficios una evidente falta de escrúpulos.

Así, por ejemplo, una reciente encuesta de Consumer Eroski ha revelado que un 80% de las personas que intentan adelgazar utiliza productos y métodos “milagro” (sin evidencias científicas de su utilidad), frente a solo un 6% que acude al médico o especialista. Se calcula que cada obeso que trata de adelgazar se deja en torno a 50 euros mensuales en el intento.

La normativa intenta proteger la salud y el bolsillo del consumidor aunque, como suele ocurrir en estos casos, puede ser ignorada con una impunidad casi absoluta. El Real Decreto 1907/96 prohíbe, entre otras cosas, utilizar determinadas sustancias para adelgazar (diuréticos, laxantes, hormonas tiroideas, anoréxicos, psicotrópicos,…). También prohíbe ciertas prácticas publicitarias, como el testimonio de personas que han adelgazado sin dificultad o la imagen de sanitarios (reales o no) que garantizan el resultado. Sin embargo, estas normas apenas se respetan. Hay cientos de productos y tratamientos “milagrosos”, algunos de los cuales pueden llegar a ser dañinos.

Precisamente, agentes de la Guardia Civil de Madrid, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), han llevado a cabo, en el marco de la denominada ‘Operación Moscardó‘, el desmantelamiento de un grupo organizado compuesto por seis personas y lideradas por un médico profesional, que elaboraba y distribuía fórmulas magistrales prohibidas para adelgazar.

La Benemérita comenzó las investigaciones por un informe del Instituto de Toxicología relativo a la composición de determinadas pastillas que habían sido dispensadas a una paciente hospitalizada en el Hospital La Paz, donde permaneció ingresada 15 días tras la ingesta de estos medicamentos diuréticos y estar con pérdida de conciencia una semana. El grupo desmantelado tenía como ‘tapadera’ la clínica del doctor que lideraba la trama, ubicada en Madrid capital, y que dispensaba y distribuía material sin hacer ningún tipo de análisis a sus pacientes.

De nacionalidad española pero origen argentino, este doctor, de unos 50 años, junto con el resto de detenidos están acusados de un delito contra la salud pública al conseguir de forma fraudulenta y fuera de los canales autorizados (farmacias o laboratorios de hospitales), adquirir, prescribir, almacenar, re-envasar, etiquetar y distribuir cápsulas que constituían fórmulas magistrales contra la obesidad.

Eran introducidas desde terceros países y contenían medicamentos prohibidos, psicotrópicos, antidepresivos y laxantes. Además, algunos de los compuestos suministrados contenían sibutramina, una sustancia cuya comercialización se encuentra suspendida por la Agencia Española de Medicamentos desde enero de 2010 debido a los riesgos potenciales que conlleva su gestión.

Provoca riesgos cardiovasculares. De momento, cuatro personas han sido hospitalizadas por este motivo y entre 20 y 30 pacientes tuvieron efectos secundarios, como sequedad de boca o piernas nerviosas. Se desconoce a cuántas personas han podido afectar este tratamiento. La clínica contaba con entre 450 y 500 pacientes, que pagaban al mes entre 60 y 80 euros por un bote de 28 pastillas. El perfil del paciente era mujer de entre 25 y 45 años. Podían llegar a adelgazar hasta 8 kilos al mes, y la manera en la que el médico se dio a conocer fue el boca a boca, porque no existía publicidad ni en medios ni en Internet. En este sentido, la manera de comunicación la tenían muy controlada y, por ejemplo, el médico nunca distribuía el material en la clínica sino que lo hacía por mensajería o a través de terceras personas.

Los detenidos e imputados son D.S.L.R., A.L.C.S., L.A.C.G., M.R.T, F.L., y J.B.Z, cuatro varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 39 y 56 años de edad. Uno es de nacionalidad colombiana, otro ecuatoriano, otro lituano y el resto, españoles de origen argentino.

IMPORTANTE

Las víctimas o perjudicados por los hechos descritos pueden dirigirse a la Guardia Civil a través del correo electrónico m-cmd-madrid-seprona-equipo@guardiacivil.org.