Muchos extremeños se sintieron afortunados cuando por sorteo les fue adjudicada una vivienda del Plan 60.000 euros. Transcurridos poco más de cinco años, la crisis, el paro y la resaca de la gran borrachera inmobiliaria han tornado en lastre lo que no hace tanto era una lotería. Agobiados por la hipoteca, a algunos adjudicatarios les apremia desprenderse de estas viviendas baratas. Un total de 37 propietarios de este tipo de viviendas han conseguido ya que la Junta les autorice a venderlas, según datos de la Consejería de Fomento.

Bien sea por necesidad, por traslado laboral y otras razones, son muchos los que se lanzan a la web buscando compradores de sus viviendas. No hay más que echar un vistazo a portales como Pisos.com, donde se ofrecen por decenas pisos de tres dormitorios en el Cerro Gordo de Badajoz, una de las promociones de pisos baratos.

Sin embargo, desprenderse de estas casas no es tan fácil como pudiera parecer. Los planes de viviendas de la Junta que regulan el Plan Especial 60.000 prohíben vender o ceder el uso durante diez años. Demasiado tiempo para quienes necesitan con urgencia desprenderse de este tipo de vivienda de promoción pública. La buena noticia para quienes estén en una situación desesperada es que existen excepciones en las que la Junta autoriza la venta.

Una de ellas es el cambio en la localidad de residencia habitual del titular de la vivienda, concurriendo una causa motivada que lo haga aconsejable.

En segundo lugar, pueden vender también las familias que necesitan acceder a la propiedad de una vivienda de mayor superficie por incremento del número de miembros. Asimismo, pueden pedir permiso aquellas personas mayores de 65 años que deseen trasladarse de residencia, así como las personas con discapacidad y las víctimas de violencia de género o del terrorismo u otros colectivos que por razón de sus circunstancias necesiten trasladarse a otro alojamiento más adecuado a sus necesidades específicas.

El listado de causas que permiten la venta se cierra con aquellas que por circunstancias personales justificadas necesiten trasladar su domicilio a otro de menores dimensiones, los que se separen de sus parejas; y aquellos otros motivos justificados y debidamente acreditados, tales como la imposibilidad de hacer frente a las cuotas del préstamo hipotecario.

Tras realizar todo el trámite pertinente con la Consejería de Fomento, un total de 37 adjudicatarios han logrado ya autorización para desprenderse de sus pisos.  Badajoz, con 18 autorizaciones, es la localidad que más expedientes ha tramitado; seguida de Mérida (diez), Plasencia (cinco), Azuaga (dos), Cáceres (uno) y Villafranca de los Barros (uno), según datos facilitados por la Junta.

Quien quiera sortear a la Junta e intente vender por su cuenta el piso o la vivienda de renta media -sujeta a las mismas restricciones- podría ser sancionado. Eso sin contar con que ni el notario ni el registrador podría formalizar la compraventa al carecer del documento pertinente que acredite que ya se trata de una vivienda libre. Los que incumplan, tendrán que devolver las ayudas que recibieron para sufragar los gastos de la escritura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad, de haberlas percibido.