Cuando se consiga la ayuda a la rehabilitación, habrá que descontar los gastos del agente rehabilitador.
La solicitud de estas subvenciones regionales a la vivienda ha permanecido bloqueada por el retraso de la Junta de Extremadura en poner en marcha la herramienta informática para que los agentes rehabilitadores puedieran tramitarlas. El plazo, que ya tuvo una prórroga, termina este viernes.
El intento de agilizar el papeleo dentro de la Administración no siempre tiene los resultados deseados, sino todo lo contrario. Es lo que ha sucedido con las ayudas a la rehabilitación de viviendas aprobadas por la Junta de Extremadura en julio del año pasado. A menos de una semana de que expire el plazo para poder solicitarlas, aún no se ha puesto en marcha la herramienta informática diseñada para su tramitación electrónica, única vía posible para pedirlas, según impuso el propio decreto de la Junta del 30 de julio de 2013.
En concreto, el plazo de esta convocatoria, dotada con seis millones millones, termina este viernes 31 de enero, periodo que ya anteriormente tuvo que ser prorrogado por los problemas informáticos.
Para acceder a estas ayudas de hasta 4.000 euros, destinadas a mejorar la eficiencia energética y accesibilidad de viviendas anteriores a 1981, hay que acreditar un tope de ingresos y no ser propietario de otra casa. La ayuda nunca superará el 40% del coste de los trabajos, que además no podrán comenzar antes de tener aprobada la ayuda.
Otra novedad de esta convocatoria es que la documentación ya no se presenta directamente en las oficinas de la Administración, como se había venido haciendo hasta ahora, sino que entran en escena los agentes rehabilitadores: unos 800 arquitectos y aparejadores técnicos que han realizado un curso para ser reconocidos como tal.
En teoría, se trataba de una forma de dar trabajo a un sector profesional duramente castigado por la crisis de la construcción, pero en la práctica “nos convierte en una especie de pseudofuncionarios que gestionamos toda la documentación, a la vez que nos seríamos como agentes comerciales”, explica Víctor Orts, vicepresidente del Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores Técnicos de Badajoz. Este cambio en la gestión se produce tras el cierre por parte de la Junta de las oficinas del Area de Rehabilitación Integrada (conocidas como ARIs).
A la ayuda regional que se obtuviese en su caso habría que descontar los gastos de la tramitación. Es decir, los honorarios que el posible beneficiario tiene que pagar al agente rehabilitador. “Cuantía que podrían oscilar entre los 300 y 400 euros. Aunque hay libertad de los profesionales, y dependerán también de que lleve o no la dirección de obra”, especifica Manuel Luis Gómez González, presidente de la organización colegial pacense. Otra posibilidad es que no nos concedan la ayuda, por la que habremos realizado un desembolso en la tramitación no recuperable.
Ante los problemas surgidos para poner en marcha el sistema informático, y después de mucho insistir este diario en obtener los datos del número de solicitudes y la fecha en la que estaría lista la herramienta, el pasado 23 de enero la Consejería de Fomento envió una comunicación a todos los agentes rehabilitadotes.
La circular a la que ha tenido acceso HOY decía textualmente “a las dificultades propias del comienzo de un nuevo sistema en la tramitación de los expedientes, se han añadido las demoras en la puesta en marcha de la sede electrónica, por lo que hemos posibilitado la presentación de las solicitudes por la vía tradicional del registro administrativo o correo postal”. Un parche de última hora para intentar resolver el asunto antes de que se cierre la convocatoria. Esto supone que a una semana de finalizar el plazo ninguna persona interesada en rehabilitar su vivienda había podido presentar la petición.
Este viraje en la tramitación ha avivado el malestar entre los agentes rehabilitadores, descontentos desde el comienzo con el desarrollo de la convocatoria. Algunas de sus pegas quedan patentes en el mensaje de correo electrónico que la arquitecta Pilar Zamoro Tapia, habilitada para tramitar las subvenciones, envió a la Junta. “Entiendo que los técnicos pasamos a ser gestores de documentación para los solicitantes. Entiendo también, que a la hora de crear esta figura, habrán barajado todo tipo de posibilidades, como aquellas que se darán en las que el solicitante no consiga la subvención al participar en la concurrencia competitiva, pero tenga que pagar los honorarios del agente rehabilitador. ¿Han estimado los honorarios que hemos de cobrar por gestionar la solicitud de la subvención? La gestión del papeleo, el informe técnico, presupuesto, memoria y certificado de eficiencia energética en su caso… ¿Es justo hacer pagar a quién va a solicitar una subvención porque se supone la necesita unos honorarios técnicos dignos para todo el trabajo?”.
Pilar Zamoro también destacaba en su mensaje la dificultad que supone “valorar un trabajo que se convierte obligatorio” para alguien que solicita una subvención. “¿O tenemos que jugárnosla con el cliente, negociando que si consigue la subvención nos paga esa parte y si no nada?”.
ara ella, poco “mercado va a abrirnos como decían, sino que se va a convertir en un peaje que deberemos pagar si queremos que nos contraten para la parte técnica, que es la nuestra, y que resolveremos una parte previa que es la del papeleo que, con todos mis respetos, creo que no nos compete, y que debería quedar en manos del personal contratado en los distintos organismos públicos, para dotar, además de un criterio objetivo y único a la hora de la realización de los diferentes informes”.
Otro inconveniente que no pasan por alto muchos profesionales es tener que “manejar información privada relativa a ingresos familiares y demás datos de carácter personal. A pesar de tener que aportar un consentimiento firmado por el solicitante, “supone un problema grande en cuanto a la protección de datos”, apunta Orts.
La Junta segura que no habrá retraso en el cobro
A pesar del problema surgido, la Junta de Extremadura asegura que “todos los ciudadanos que han solicitado, a través de los agentes rehabilitadores, las ayudas que contempla el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura pueden estar absolutamente tranquilos porque, si cumplen con los requisitos que marca el decreto, recibirán los fondos a que tienen derecho en tiempo y forma. No habrá, por tanto, retraso en la percepción de las subvenciones”.
Ángela Murillo
Redactora de HOY.es y licenciada en Derecho