El atasco en los juzgados es uno de los males endémicos de la Justicia española. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón se ha propuesto como uno de sus primeros retos acabar con un problema que él achaca al “exceso de litigiosidad”, es decir, al elevado número de procedimientos judiciales que se inician en España. Pero ¿cómo poner freno a los abusos? El ministro cree que la solución pasa por obligar a los ciudadanos a pagar para hacer uso de todos los recursos judiciales. Por ello pretende imponer tasas a quien recurra en segunda instancia una resolución judicial. “Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial, y lo que solicita es un segundo pronunciamiento, es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas”. Eso sí, el ministro promete que si finalmente el recurrente obtiene una sentencia favorable, le será devuelta la cantidad abonada como tasa. La oposición denunció enseguida que se trataba de un “copago” judicial.

La medida no se aplicará en lo penal y estarán exentos de pagar quienes demuestren carecer de dinero. Es decir, quienes tengan derecho a la justicia gratuita. Aunque si el beneficiario de este derecho recurre en segunda instancia,  tendrá que volver a demostrar que mantiene los requisitos para contar con un abogado de oficio en la fase de recurso.

El anuncio de Ruiz-Gallardón de introducir tasas no es bien valorado por buena parte de los juristas. La decana del Colegio de Abogados de Badajoz, Filomena Peláez Solís, considera que la imposición de tasas afectaría al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (Art. 24 CE). “Se presume que los jueces nunca se equivocan y que apelar es algo superfluo; por tanto, el que quiera que lo pague. Y peor aún es una medida disuasoria perversa porque muchos ciudadanos con recursos económicos muy limitados no se atreverán a pedir la revisión de las resoluciones judiciales que consideren injustas o lesivas para sus intereses, por temor a no recuperar esa tasa importante para su economía sino consiguen un fallo estimatorio de sus pretensiones”. Su punto de vista coincide con el de muchos compañeros de Badajoz y de otras provincias con los que ha tenido oportunidad de debatir el asunto.

En el mismo sentido se pronuncia el decano del Colegio Oficial de Abogados de Cáceres, Carmelo Cascón Merino, dejando claro que su opinión es personal y no la de todo el colectivo de letrados al que representa. “Las tasas suponen una regresión, y afectarán al derecho de defensa (Art. 24.2 CE) de los ciudadanos y a la tutela judicial efectiva”. El decano añade que “los abogados, tanto cacereños como del resto del país, estamos preocupados por la limitación que supone para el ciudadano (persona física, empresas y sociedades) el acceso ala Justicia, el ejercicio del derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, no por el hecho en sí de que pueda reducirse el número de asuntos”.

A juicio de Cascón Merino, también se trata de una medida recaudatoria. “Hay que tener en cuenta que lo normal es que quien interpone un recurso lo haga porque no está de acuerdo con la decisión adoptada en primera instancia y porque considera que tiene argumentos para hacer valer su planteamiento y sus pretensiones. El hecho de que exista imposición de costas en el caso de que se obtenga una resolución desfavorable en segunda instancia, ya hace que el recurrente se lo piense muy detenidamente antes de interponer el recurso”.

Una situación que se vería agravada por la actual crisis económica. “En los momentos actuales de recesión y cinco millones y medio de parados, existen muchos ciudadanos que atraviesan graves apuros económicos, por lo que el problema no es que se devuelva la tasa en el caso de que gane su recurso, sino poder adelantarla, toda vez que en muchas familias existen necesidades más perentorias que la justicia”, apunta el letrado cacereño.

Peláez Solís cree que las tasas supondrán “sin duda una medida disuasoria pero indeseable, porque no da satisfacción a las pretensiones de los ciudadanos, sólo les cercena su derecho”. La decana valora positivo “establecer mecanismos para corregir o impedir aquellos casos en los que se acredite temeridad o mala fe en el uso de los recursos, pero no por ello se tiene que privar o gravar al resto de la sociedad de un legítimo derecho por el que ya pagan cuando tributan  al Estado”.

Carmelo Cascón cree que ninguna cantidad sería razonable como tasa. “Si las cifras son pequeñas no van a disuadir de recurrir, por lo que tendrían mero efecto recaudatorio; y si se establecen tasas altas, pueden afectar directamente, al derecho de defensa, al acceso ala Justicia y a la tutela judicial efectiva”.

Mediación, arbitraje y ampliación de horarios en los juzgados

Los decanos de los abogados extremeños defienden otros caminos alternativos para aliviar el atasco que sufren los juzgados. “No cabe duda que es necesario un sistema potente de mediación y arbitraje, que solucione los conflictos sin tener que acudir a la vía jurisdiccional, que debería quedar reservada para cuestiones importantes en las que no se haya logrado un acuerdo previo”, argumenta Cascón Merino. Filomena Peláez Solís añade otras medidas como “dotar de más recursos materiales y humanos a la Administración de Justicia, habilitar las tardes para la celebración de vistas, entre otras”.

Foto1: Filomena Peláez Solís, decana del Colegio de Abogados de Badajoz.

Foto2: Carmelo Cascón Merico, decano del Colegio de Abogados de Cáceres.