No represento a nadie, tan solo a mí mismo. Escribo desde los sentimientos, con razones intelectuales y de justicia. Acepto la discrepancia y no entro en debates estériles que nos desgastan y no nos hacen avanzar y por eso he tardado semanas en publicar estas anotaciones.

Volvemos a la lucha que divide con la nueva ley de Educación, conocida como ley Celáa. ¿Cómo es posible que ningún Gobierno en esta querida España tenga la capacidad y la lucidez de sentarse a dialogar y a pactar con grandes mayorías algo tan importante como la educación? Ni la derecha ni la izquierda han sido capaces de saltar la barrera ideológica. Así nos va. Ahora los malos son los que antes eran buenos y viceversa. Esta ley nace muerta, como nació la anterior, porque divide la sociedad.

Mejorar algo que no funciona no debería ser difícil, pero eso no es garantía de que lo que se proponga lo vaya a mejorar.

La educación inclusiva es un derecho fundamental para formar una sociedad más justa. La inmensa mayoría coincidimos en afirmar que hoy no funciona bien, por no decir, que funciona mal.

Analizo, sin prejuicios y sin siglas, algunas cuestiones de la nueva ley referidas a la educación inclusiva. Partimos de la disposición adicional cuarta, Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, por ser fundamental:

“Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

La normativa deja muy claro que las Administraciones educativas…garanticen la respuesta más adecuada y lo desarrolla afirmando que “La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos y alumnas en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar el plan de actuación, así como la modalidad de escolarización, que tenderá a lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo”.

Es muy adecuado que sea evaluado por profesionales con la debida cualificación y esto no se consigue con solo escribirlo y decirlo. Me parece insuficiente que los padres solo sean “oídos e informados”, me hubiese gustado más leer que “participarán, serán escuchados  e informados” y que se hará un seguimiento anual pero todo ello necesita que se lleve a efecto y de una manera adecuada.

Seguimos leyendo. La normativa establece que “en el plazo de 10 años…los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. 

Genial que dentro de 10 años podamos tener una educación inclusiva, pero mientras tanto ¿qué pasa con estos estudiantes?, ¿qué sucede con los estudiantes de educación inclusiva que han terminado y que siguen teniendo edad de seguir formándose?, ¿van a seguir saliendo de los centros educativos sin reconocimientos oficiales – títulos- de los estudios realizados? ¿qué itinerarios formativos tendrán después?, etc.

NO he leído que los colegios de educación especial vayan a cerrar. Si mejoramos y adaptamos los centros ordinarios es evidente que habrá menos alumnos que precisen centros de educación especial, pero eso no debería preocuparnos porque todos queremos lo mejor para los alumnos. Se afirma que “Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Estos centros seguirán formando a los alumnos que lo precisen y se tendrá que desarrollar qué se entiende por “centro de referencia y apoyo”. Entiendo que se irán adaptando estos centros para asegurar ambas funciones y viabilidad de los mismos con las nuevas demandas. Las instituciones que lo llevan, los trabajadores de los mismos también debe ser objeto de estudio para dar respuestas adecuadas a todos.

A día de hoy, los colegios ordinarios (públicos y concertados) no están preparados para la educación inclusiva. Antes de pelearlos por un futuro incierto y para que esta educación sea una realidad es totalmente necesario: formar a los docentes y a los equipos directivos que lo precisen en educación inclusiva; a los futuros docentes en la universidad; hay que adaptar estructuras físicas, materiales y TIC; reducir ratios, diseñar nuevos modos de impartir las clases para que todos sigan avanzando y no nos encontremos con “estudiantes que adornan” las aulas con su presencia sin más y con padres y madres desesperados.

Hay que presupuestar todo esto y no es suficiente con decir que “ya se hará” porque la historia nos demuestra que no se hace.

Si hablamos de ellos, los estudiantes de educación inclusiva, encontramos desmotivación, aislamiento, discriminación, falta de ilusiones en el presente y en el futuro porque no tienen alternativas y forman parte de una minoría con explicaciones en las que no participan porque no las comprenden, entre otros motivos. Todos somos cómplices de estas injusticias y de que estos estudiantes consigan mucho menos de lo que podrían alcanzar si se hiciese un buen planteamiento educativo.

Decimos que los queremos pero no entiendo amor con olvido, no entiendo justicia con tratamiento desigual y discriminatorio. Se han de hacer muchos cambios.