La Audiencia Provincial de Cáceres ha sorprendido a propios y extraños parando una orden de desahucio a una mujer que ha dado una patada en la puerta para hacerse con una vivienda social. Por piedad. Por compasión a su situación: es una mujer sin ingresos que vive con sus seis hijos, el mayor de 14 años y la pequeña de poco más de un mes. Cualquiera, por tanto, puede entender que esta mujer necesita una vivienda y que con los tiempos que corren no sería piadoso dejarla en la calle.

Pero la situación de Rufina nada tiene que ver con la de las cientos de familias que hoy no pueden pagar la hipoteca de su vivienda como han hecho hasta ahora porque se han quedado sin trabajo. Tampoco tiene nada que ver, en este follón de los desahucios, con las personas que han adquirido legalmente una vivienda social porque han cumplido los trámites y requisitos pertinentes.

Estos casos, en los que la paralización de la orden de desahucio estaría más que justificada por motivos económicos, no tienen nada que ver con el caso de Rufina en Plasencia. Ahora la Junta de Extremadura dice que se pararán los desalojos de viviendas sociales por estos motivos, porque los adjudicatarios legales que han pagado hasta el momento no puedan seguir haciéndolo porque carecen de ingresos.

Pero esto sigue sin tener nada que ver con el desahucio de Rufina. Por eso el auto de la Audiencia Provincial de Cáceres, aunque sea por piedad, supone un peligroso antecedente. Porque respalda, aunque sea de forma temporal, que cualquiera que se encuentre en una situación difícil, como sin duda será la de Rufina, se crea con derecho a ocupar un piso vacío dando una patada en la puerta.

La Administración debe procurar tener una respuesta para situaciones de emergencia, pero esta no puede pasar por respaldar la ilegalidad. En el caso de Rufina no parece que la respuesta correcta sea dejarla en un piso que ha ocupado sin que se comprometa siquiera a iniciar el proceso para poder ser adjudicataria legal en algún momento, sin saber si los menores que están a su cargo viven en unas condiciones mínimas.

La justicia, aunque sea por piedad, está justificando una ilegalidad que es fruto de la pésima política social de la Junta de Extremadura. La patada en la puerta se da porque se mantienen meses y años pisos vacíos a pesar de la necesidad de ellos que tienen cientos de personas y familias. El no desahucio de Rufina debería valer para gestionar de forma correcta por una vez el parque de viviendas sociales. Pero no para establecer la patada en la puerta como método de acceso válido a una vivienda. La crisis económica no puede justificar todo.